Cesan a gobierno catalán
Mariano Rajoy, presidente de España, anunció ayer el inicio de los trámites para cesar al mandatario del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros. En el momento en que el Senado español apruebe las medidas propuestas ayer por Rajoy, el control administrativo de la región pasará al gobierno central.
Las funciones del gobierno catalán serán asumidas por el órgano que se designe desde Madrid. En principio, serán responsabilidad de los ministerios españoles, bajo la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de España y ministra de facto para asuntos catalanes. Tomará durante los próximos meses las decisiones clave para "devolver a Cataluña al orden constitucional", según el anuncio del presidente español.
El gobierno central también se atribuirá la competencia de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses; sin embargo, Rajoy afirmó querer hacerlo lo antes posible, "cuando se recupere la normalidad institucional".
Las medidas forman parte de la activación del artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender aspectos del autogobierno de una comunidad autónoma para asegurarse de que cumpla la ley. El gobierno de Rajoy aprobó activarlo ayer ante la amenaza de Cataluña de declarar la independencia.
El Senado, una de las dos cámaras del Parlamento nacional, debe ratificar todas estas acciones, que se prevé estén listas para el viernes y sean aprobadas sin problemas, con el consenso del Partido Popular, el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos.
Rajoy había anunciado que su intervención del autogobierno catalán sería "limitada", pero ayer sorprendió al reclamar todas las capacidades posibles: desde la posibilidad de tomar el control de la policía autonómica, a la de controlar los medios de comunicación públicos. Aun así, insistió en que "no se suspende la autonomía ni el autogobierno, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Constitución".
La decisión del gobierno central abre la posibilidad de que, a partir de las próximas semanas, se establezcan dos realidades paralelas en la comunidad: la del poder que asumirá el Estado y la de los catalanes que rechacen el 155 por considerarlo casi una invasión. Eso podría provocar problemas en prácticamente todos los departamentos públicos del gobierno catalán, que en muchos casos amenazan con negarse a obedecer las órdenes dictadas desde Madrid.
Los cargos catalanes que no acepten su retirada del poder también podrían verse sujetos a castigos que aún no se han determinado.
Carles Puigdemont calificó como un "ataque" la activación del artículo 155 de la Constitución y anunció anoche que convocará al Parlamento catalán para "analizar la situación política actual" y qué pasos asumir, aunque no adelantó ninguno.
