El conflicto postelectoral resultante de los comicios celebrados en Coahuila para elegir Gobernador del Estado, deriva hoy en un enfrentamiento institucional, entre el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Del comportamiento de los integrantes del Consejo General del INE en el proceso, se advierte que están convencidos de la existencia de graves irregularidades que ponen en tela de duda la capacidad y la honestidad de los mismos Consejeros, por lo que para salvar su prestigio y honrar la responsabilidad que les atañe como salvaguarda de la limpieza de los comicios, impulsan la anulación de las elecciones referidas.
El INE se ha concentrado en probar que el candidato del PRI de los Moreira se excedió en el tope de gastos de campaña, por ser la causal de anulación más factible de acreditar, y porque de algún modo ese camino le permite el INE lograr su objetivo, dejando de lado el análisis de las graves irregularidades funcionales que enlodan el desempeño del máximo árbitro electoral, que hicieron de la pasada elección de Coahuila una elección de Estado en favor del candidato oficial, en abierta complicidad con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
La aplanadora atropelló al mismo INE. Aún está fresca en la memoria de los Coahuilenses, la impresión de que la elección fue un fracaso estructural desde la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en la acreditación de los representantes de los partidos, en la manipulación del Conteo Rápido y del Programa de Resultados Preliminares, que dejó fuera del conteo al veintiocho por ciento de las casillas. El múltiple agravio culminó en la transportación irregular del veintitrés por ciento de los paquetes electorales, y en la violación física de muchos de tales paquetes que fueron manipulados por la policía de Moreira Fuerza Coahuila, a la que de manera inexplicable se le encomendó la seguridad del proceso, de la que se excluyó al Ejército.
Los consejeros del INE están conscientes de lo anterior y por ello, al advertir que gran parte de las irregularidades ocurrieron en sus narices y con cargo a la responsabilidad que les atañe, se han concentrado en el tema de los gastos de campaña, cuya violación es causa suficiente para anular la elección. Sin embargo, en la reunión plenaria el TRIFE celebrada el jueves pasado, los Magistrados exhibieron un desconcierto generalizado en actitudes y acuerdos resolutivos, que solo se explican en virtud de la existencia de intereses inconfesables y/o de formas de extorsión de las que son víctimas y que no se atreven a denunciar.
Como resultado, el Tribunal desestimó el trabajo del INE en cuanto a la determinación de los gastos atribuidos al candidato del PRI y ordenó al INE un segundo cálculo que sigue siendo adverso a Miguel Riquelme. El Moreirato insiste en sostener a Riquelme como gobernador electo, contra lo determinado en forma reiterada por el INE, y la voluntad de la mayoría de los coahuilenses expresada en las urnas.
En pleno proceso para elegir Presidente de la República, renovar el Congreso de la Unión y celebrar comicios en los dos niveles locales de diversas Entidades Federativas, la resolución del caso Coahuila ofrecerá en su momento, un precedente decisivo sobre lo que los mexicanos podemos esperar de nuestro sistema electoral.
Si la elección se anula y el Estado de Coahuila va a un nuevo proceso para elegir Gobernador, se abrirá una nueva oportunidad a la legalidad y a la expresión libre de la voluntad popular. Si por el contrario Riquelme es confirmado como Gobernador Electo, el atropello consumado sobre el INE como árbitro electoral, brindará patente de corso para que las elecciones presidenciales del año entrante sean elecciones de estado, como aquellas de un pasado obscuro que creíamos superado.
