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Terremoto y Zonas Económicas Especiales

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ

El terremoto que sacudió al sur y centro de México la noche del 7 de septiembre, de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, el más fuerte en cien años, deja 98 muertos, 4.400 comunidades devastadas y 2.3 millones de damnificados en la enorme inmediación del epicentro, Pijijiapan, localidad del Soconusco próxima a la costa de Chiapas, y el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde tuvo el mayor impacto catastrófico. Ahí, en las mismas regiones, el Gobierno federal y el sector privado intentan instalar las primeras Zonas Económicas Especiales.

En la promoción, presentan a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) como áreas geográficas destinadas a la instalación de industrias y nodos estratégicos de libre comercio o para la innovación y el desarrollo tecnológico, de sobre manera en el Istmo de Tehuantepec, costas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Golfo de México, con beneficios fiscales y laborales exclusivos -cero impuestos y mano de obra barata y sin derechos-; infraestructura de energía a través de oleoductos, gasoductos, hidroeléctricas y campos eólicos, carreteras, líneas ferroviarias, puertos y aeropuertos. Hasta policía propia. Polos de progreso les llaman.

Para las corporaciones extranjeras y nacionales todo, bajo el mito neoliberal de que generarán el desarrollo de las regiones más pobres del país. El fallido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) revivió a las ZEE.

El soporte legal es la Ley Federal de ZEE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016, la Reforma General de Bienes Nacionales -para los bienes inmuebles federales dentro del régimen de dominio público- y las leyes estatales aprobadas en siete entidades federativas durante el año 2016. Se agregan leyes derivadas de las reformas estructurales promovidas por el Pacto por México.

Pijijiapan, epicentro del terremoto, conectada con Tonalá y Paredón, de origen indígena mame, devastadas por el sismo, con el sistema de humedales de mayor relevancia en el país, regada por cinco ríos, está ubicada cerca de la costa entre Puerto Chiapas y Salina Cruz, Oaxaca, áreas consideradas para la instalación de las primeras ZEE.

Convertirían a Puerto Chiapas en zona especial de agroindustria, pulpa y papel, autopartes y maquila de electrónicos. A Salina Cruz -cuya refinería 'Antonio Dovalí Jaime' registró afectación en turbogeneradores a causa del sismo-, la transformarían en ZEE de agroindustria, industria naval, maquinaria, textil y eléctrica, con base en energías renovables.

Salina Cruz estaría ligada a la ZEE de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el estratégico corredor industrial interoceánico -de agroindustria, química, pulpa y papel, y petroquímico- que fracasó con el Plan Puebla-Panamá y después con el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Conectaría así los mercados estadounidense y asiático.

El Istmo de Tehuantepec -de mayor afectación por el terremoto, sobre todo Juchitán-, abundante ya en parques eólicos de corporaciones, está planeado para construcción de proyectos industriales en clúster, de transporte de mercancías, de energía y extractivos asociados, como minería.

No cabe duda de que lo más valioso del escenario es la tierra.

Según el artículo 30 de la Ley Federal de ZEE, se expropiaría la tierra apelando a la utilidad pública de las ZEE.

Con base en el artículo 32, las empresas pondrían precio a la tierra o inmuebles requeridos por las ZEE, y se pagarían de acuerdo a dictados de instituciones de crédito autorizadas, corredores públicos o especialistas en valuación.

El artículo 33 faculta el control socio-territorial en las regiones de ZEE mediante policía propia.

Será a finales de septiembre cuando el Gobierno federal emita las declaratorias para la creación de las primeras ZEE, informó el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, en medio de la tragedia ocasionada por el terremoto.

Con la certidumbre de que las ZEE significan despojo de sus tierras, sobreexplotación de mano de obra y transformación radical de sus territorios en maquiladora gigante sin consulta real a los pobladores y con riesgo de severos impactos sociales, ambientales, económicos y culturales, innumerables comunidades resisten y recurren a la defensa legal amparadas incluso en la legislación internacional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

El conflicto por las ZEE está ya en marcha.

@kardenche

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