Ciudadanos canadienses prenden luz de alerta ante el inicio de la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) prevista para el 16 de agosto. Exigen al primer ministro Justin Trudeau no se deje intimidar por Estados Unidos y ponga fuera de la transacción el agua. Pero Canadá tiene además poderosos intereses en expansión, algunos muy agresivos y cuestionados, en los sectores de minería, hidrocarburos, oleoductos y gasoductos que llegan a México, donde ha encontrado, en 23 años, leyes muy laxas en materia medioambiental, protección gubernamental y mano de obra barata bajo control.
Será el lunes 14 de agosto cuando el gobierno canadiense dé a conocer, a través de la canciller Chrystia Freeland, principal negociadora, exministra de Comercio Internacional, los objetivos concretos que buscará Ottawa en la mesa de diálogo de Washington.
A diferencia, la Administración Trump dio a conocer el 17 de julio, 22 objetivos a alcanzar por Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, los cuales marcan la agenda, contenido y ritmo de conversación. En tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció el 2 de agosto un conjunto de prioridades agrupadas en cuatro ejes temáticos; oculta, sin embargo las líneas rojas, la hoja de ruta y los términos que guiarán la negociación.
La organización ciudadana The Council Canadiens, con sede en Ottawa, prevé que las corporaciones estadounidenses intentarán asegurar a través de la Administración Trump y su equipo de comercio "de peso pesado" un mayor acceso al mercado de Canadá para los productos agrícolas de los Estados Unidos, "lo que perjudicaría a los productores canadienses de lácteos y aves de corral."
Alerta que la parte estadounidense buscaría establecer requisitos de "reglas de origen" en los productos, lo que amenazaría al sector automotriz canadiense.
Fomentaría además la apertura de la industria de telecomunicaciones de Canadá a la posible adquisición extranjera de compañías como Bell & Rogers por gigantes de las telecomunicaciones estadounidenses.
Son algunos de los cambios que considera peligrosos y por los que Trump y equipo presionarán al gobierno de Trudeau para que acepte. Será una negociación larga y dura también para Canadá, ha dicho un experto en comercio; "y esperamos que Canadá luche duro por asuntos que le preocupan".
Por lo menos, Trudeau debe asegurase de que cualquier TLCAN renegociado elimine el agua como bien, servicio o inversión comercializable, pide The Council Canadiens. "Canadá es vulnerable a las exportaciones de agua a granel y aumenta la privatización bajo el acuerdo actual. No podemos dejar nuestra agua vulnerable a las exportaciones a granel o a la privatización".
Eliminar también la cláusula de proporcionalidad energética. "Esta regla requiere que Canadá exporte un porcentaje de nuestra producción de energía a los Estados Unidos, lo cual impone cuotas de producción petrolera continua en las arenas de alquitrán y nos imposibilita el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos de París".
Pide quitar del capítulo 11 las disposiciones de inversión -llamadas ISDS- que permiten a las empresas demandar a los gobiernos por encima de las leyes o políticas de interés público que perjudican los beneficios empresariales. Las empresas, dicen, han utilizado dichas disposiciones para impugnar las leyes que protegen la salud de las personas y el medio ambiente. "Bajo las ISDS, Canadá ha enfrentado más demandas corporativas que cualquier otro país desarrollado."
En una evaluación The Council Canadiens menciona que los 23 años de TLCAN muestran que ha sido mal negocio para los trabajadores canadienses desde el principio. "Ha costado su empleo a miles y "destripado" a comunidades, nos ha esposado de tomar acción real sobre el cambio climático y ha dado a las corporaciones poder sin precedentes para socavar las leyes y la democracia canadienses."
En cambio, a las grandes mineras canadienses les ha ido muy bien con el TLCAN, por ejemplo en México, donde son las inversionistas más importantes en el sector, con 70 % de la Inversión Extranjera Directa, más de 200 empresas mineras y casi la mitad del territorio mexicano concesionado en más de 942 proyectos extractivistas, donde hacen todo lo que no pueden hacer en su país, según un estudio gubernamental: tienen impuestos bajos, contaminan y envenenan las tierras, burlan leyes, despojan pueblos y arrasan territorios…
