Abierto por la Comisión Federal de Competencia Económica en marzo pasado un procedimiento contra las empresas concesionarias de los tres troncales en que se dividieron los ex Ferrocarriles Nacionales de México, con sustento en un dictamen preliminar en que se determinaba su poder para imponer condiciones en el mercado, éste acaba de tropezar con un obstáculo interno
Hete aquí que la presidenta del organismo, Alejandra Palacios Prieto, se excusó de participar en la ruta hacia la resolución final al reconocer un conflicto de interés en que incurría.
Colocada en la mesa una denuncia que detonó en la investigación por parte del ferrocarril Coahuila-Durango, una ruta corta que se privatizó al margen de los troncales, hete aquí que ésta es propiedad al 50 % del Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, en el que participa como consejero suplente Roberto Palacios Prieto, hermano de la funcionaria.
La denuncia formal, al margen de las advertencias del resto de los integrantes del pleno del organismo antimonopolios, la había planteado Kansas City Southern, una de las firmas en el banquillo. Sin embargo, el incidente de revisión colocado por la firma ferroviaria habla también de otros comisionados que podrían estar en situación similar.
Aunque la inclusión del hermano de Palacios en el marco decisorio de la empresa extractiva es reciente, cuando se hizo público el dictamen preliminar ya laboraba en la controladora de la empresa, el Grupo Bal, como director de Finanzas.
El otro 50 % del ferrocarril Coahuila-Durango lo tiene Altos Hornos de México, de Alonso Ancira Elizondo.
De acuerdo con el dictamen preliminar de la instancia, Kansas City Southern, Ferromex y Ferrosur, estos últimos propiedad del Rey del Cobre, Germán Larrea Mota Velasco, controlan el 73 % de las vías férreas del país, lo que les da capacidad para fijar precios, restringir el abasto e impedir el acceso a otros competidores en sus respectivas rutas mediante el servicio de interconexión.
La intención es que el procedimiento aterrizara, una vez confirmadas las condiciones de incompetencia por el pleno, en una exigencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer derechos de paso y fijar las contraprestaciones con base en principios internacionales.
El problema es que el funcionario responsable de las investigaciones preliminares de la Cofece, Carlos Mena, acaba de renunciar sin que se transparenten los motivos reales, tras aducir "motivos personales".
En el marco de la discusión sobre lo que apuntaba a una inadecuada interconexión entre las redes, la SCT creó una Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario que, entre otras funciones, tenía, justo, la de promover la competencia.
El revuelo surgió a la vera de la discusión en el Congreso de una reforma a la Ley Ferroviaria que abriría el escenario a una competencia abierta al permitir el ingreso de nuevos participantes en el mercado.
La posibilidad, frustrada finalmente, apuntaba a que las principales firmas con necesidades de transporte, así Cementos Mexicanos como las compañías siderúrgicas, crearan su propia red ferroviaria.
Uno de los que cabildearon en favor de la alternativa fue el Ferrocarril Coahuila-Durango, quien había presentado ya su denuncia por supuesta ausencia de competencia efectiva en los mercados de los servicios de interconexión, derechos de paso y arrastre, el 2 de septiembre del año pasado.
La paradoja del caso es que las firmas a las que ahora se les acusa de colusión para desplazar a la competencia libraran su propia guerra al acusarse entre ellas de fijar tarifas exorbitantes para permitir la interconexión. Por lo pronto, la ausencia de la comisionada-presidenta en la discusión final para generar una resolución desequilibra la posibilidad de romper un empate con su voto de calidad frente a la eventual ausencia de un comisionado.
Peor aún, le abre la puerta a la impugnación de las partes afectados al dilatarse el reconocimiento de conflicto de interés.
Lejana aún la salida del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en un primer escenario de movimientos en el tablero el gobierno hablaba de su sustitución por el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien saldría de la carrera presidencial, pero se mantendría en la línea durante ocho años.
A éste lo sustituiría el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, cuya carrera se ha desarrollado en la dependencia. El escritorio de éste lo ocuparía a su vez el actual dirigente priista, Enrique Ochoa, bajo el argumento de haber sido director de la Comisión Federal de Electricidad.
La duda está en las críticas que concitan los dos últimos nombramientos dado el parentesco político del primero con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y los escándalos del segundo en materia de licitaciones.
La noticia es que el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social declaró ilegal una licitación convocada por la Delegación en Puebla del organismo para ofrecer el servicio de diálisis peritoneal a derechohabientes.
El concurso lo había ganado la firma Baxter México en medio de denuncias de favoritismo por parte del delegado, Enrique Doger Guerrero, quien alegaba que el procedimiento se había desahogado conforme a derecho.
A su vez, la firma ganadora, encabezada por Jaime Alberto Upegui, juraba haber presentado la mejor oferta. En la ruta se descubrieron facturas de impresos pagados por Baxter en torno a las pretensiones políticas del delegado. La resolución obliga a convocar a una nueva licitación.
Registrados 36 participantes en la primera licitación de la segunda ronda de contratos para extracción de petróleo, a la hora de la verdad sólo 20 acudieron a la cita convocada por la Comisión Reguladora de Energía.
Una de las que presentaron propuestas fue Pemex Exploración y Producción, quien ganó dos de los campos en alianza con firmas extranjeras.
La posibilidad hablaba de 13 áreas contractuales en aguas someras ubicadas frente a las costas de Veracruz, Campeche y Tabasco de las cuales se colocaron sólo ocho.
ESPíA EN CONFLICTO
Aunque la presencia de los pájaros en el alambre representa una vieja tradición de los gobiernos priistas, la denuncia del diario estadounidense "The New York Times" les pone los puntos a las íes al desnudar el cómo.
Según ello, el software israelí conocido como "Pegasus" puede interceptar desde mensajes de texto, correos electrónicos hasta diálogos.
Lo grave del caso es que el espionaje apunta a organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y dependencias de los derechos humanos como el Centro Miguel Pro, quien representa a los padres de los 43, en paralelo a periodistas como Carmen Aristegui.
Los afectados piden la intervención de la Organización de Estados Americanos.
