Muchas leyes, nuevos reglamentos, más instrumentos de control, más presupuesto para nuevas oficinas, intenciones de cambio renovadas, que ante los ojos de quien no conoce México, con seguridad afirmaría que éste es un país moderno. Sin embargo, a pesar de la competencia permanente de gobiernos y legislaturas por aprobar más leyes y crear nuevos instrumentos para el manejo de la cosa pública, se mantiene una falla de origen que los intermediarios políticos en su calidad de legisladores y autoridades ejecutivas, no han atendido: la calidad de las instituciones, la independencia y autonomía de las que deben tenerla, los procesos y procedimientos necesarios que garanticen una administración pública eficiente y honesta. Al contrario, han desarrollado estrategias y prácticas que han debilitado a las instituciones, y han torcido los buenos propósitos que les dieron origen.
El escenario que vemos en el país nos dice que estamos viviendo los efectos de ese deterioro, y por ende, la rebatinga de los políticos, de sus partidos y de la clase empresarial que ha sido beneficiaria de esta rapacidad endémica que estamos padeciendo. Sí, estimado lector, es la corrupción de prácticamente todas las instituciones, que con procesos y reglas a modo han torcido su propósito, ya sea el de conseguir una mejor y permanente atención a la salud de los mexicanos; una educación de calidad, congruente con la realidad y la competencia; un sistema de justicia, que sea eso precisamente justo, además de confiable que garantice nuestros derechos y castigue a quien los violenta.
Durante toda nuestra historia como nación independiente, se nos ha dicho que el contar con sólidas instituciones es requisito para transitar a mejores condiciones de vida, pero como ya se señaló, éstas no son suficientes, requieren del componente de la práctica honesta de la tarea al interior de las mismas, cosa que ha estado ausente también en esta historia nuestra. Pero no sólo es la ausencia, sino también el uso de este concepto: si desde el discurso de gobierno la institución y lo institucional son bases para la democracia y el desarrollo, la institucionalización de las cosas ha significado lo contrario. Me explico: el respeto a las instituciones (Constitución, Presidencia de la República, procesos, figuras como la Suprema Corte de Justicia, etc.) ha devenido en el abuso de la palabra y su significado, y en tiempos como los que estamos viviendo, donde observamos la quiebra de un sistema de gobierno, de un régimen político, el cambio necesario, como proceso, sufre también este deterioro.
Así, después de la Revolución que en sentido estricto se debe entender como un proceso de cambio permanente impulsado por las crisis que son inherentes a su movimiento, nos encontramos con que la "revolución" se institucionalizó y terminó haciéndose partido político, y que con el concurso de todos los demás partidos, la transición necesaria ante el desgaste del régimen, también se institucionalizó. De la revolución institucional pasamos a un proceso de tránsito permanente, también institucionalizado. Aquí es donde aparece la oportunidad pegadita al problema.
Si queremos un cambio efectivo necesitamos ciudadanos efectivos también, que sean el motor del cambio, que esos intermediarios que padecemos se niegan a promover y consumar. Los tiempos del discurso hueco que estamos viviendo en Coahuila con este proceso electoral, requieren de la exigencia y cuestionamiento de los ciudadanos si no queremos seguir padeciendo esta democracia y representación simulada.
En Participación Ciudadana 29, estimado lector, estamos convencidos de que debemos conocer para participar, que debemos participar para exigir, que sólo exigiendo a partir del conocimiento podemos iniciar cambios efectivos y necesarios. Los intermediarios que hemos mantenido nos demuestran con sus acciones que la representación que dicen ostentar, es sólo simulación. Y dice el texto que México es "… República democrática, representativa y federal…" este sistema de gobierno que nos cargamos es el ejemplo más claro que podemos encontrar de la caricatura que somos como país. Nuestros intereses como sociedad y como nación quedan supeditados a los intereses de quienes formalmente nos representan, he aquí varios botones de la muestra: los diputados dejaron en la congeladora una demanda ciudadana presentada por Pedro Kumamoto, diputado independiente en el congreso de Jalisco, para que a los partidos políticos se les dieran recursos públicos que nosotros aportamos de acuerdo al número de votos que consigan; igual, al refrigerador, los senadores a los que cuando les conviene dicen que no son nuestros representantes, también son ellos primero y dejan para después que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción incorpore al único miembro que le falta, el Fiscal Anticorrupción; los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa y además, la Ley de Contratación de Obras, y no sólo eso, sino que los senadores del PRI y PVEM se negaron a incorporar reformas para garantizar la autonomía de ese cargo (sólo llevan 3 años de retraso, pues la reforma constitucional es del 13 de marzo de 2014). Así termina el Período Ordinario de Sesiones este mes de abril.
En el Cajón es imposible que pase desapercibido, pero el hecho de que no conozca Mónaco o Islas Caimán, significa que no pudo enterarse de los movimientos de dinero que hermanos, cuñadas y esposa hicieron en sus bancos, aunque tampoco ellos conozcan estos países. 62 millones de dólares hacen que se pierda hasta el sentido común a la hora de querer justificarse.
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