Aunque la libertad bajo fianza al presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, parecería aletargar el caso, lo cierto es que, integrado el proceso a un pantano, existen aún decenas de aristas pendientes. Una de ellas involucra al gobierno mexicano en una demanda millonaria.
Las firmas Shanara Maritime International y Marfiel LTD, domiciliadas en Panamá, reclaman una indemnización de 450 millones de dólares por daños y perjuicios.
Éstas aducen ser las propietarias de dos barcos que engrosaban la flota de la contratista de Pemex, Caballo Marango y Caballo Maya, que fueron incautados por la Procuraduría General de la República tras la denuncia de fraude colocada en la mesa por Banamex.
En prenda de certeza, la compañía ofrece sendas sentencias del Primer Tribunal Colegiado de Xalapa, Veracruz, y de un juez de Distrito en Campeche, quienes ratifican su propiedad.
Los documentos se firmaron uno en 2010 y el otro en 2011.
El valor que se le dio al Caballo Marango era de 150 millones de dólares y el de Caballo Maya de 130.
Oceanografía alega a su vez que las empresas firmaron un contrato de arrendamiento con opción de compra que en su momento se ejerció, habiéndose pagado 60 millones de dólares en la ruta.
El caso es que, según la compañía de Amado Yáñez, la PGR le pidió a la firma con la que pactó originalmente, cuya razón social era Coastine, no renovar los contratos.
En su momento Oceanografía calculaba un daño de 200 millones de dólares. El caso es que al entrar Oceanografía a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada el juez de la causa no le concedió a Shanara Maritime y Marfield la condición de acreedoras.
Más aun, llevado el asunto ante un tribunal de arbitraje internacional con sede en Londres, éste le dio la razón a Oceanografía en el diferendo.
La empresa con sede central en Ciudad del Carmen, Campeche, reclama a su vez al gobierno de México el que se haya permitido la salida de aguas nacionales de la nave estelar de la flota, Osa Goliath, tras de la cual también había firmado un contrato de arrendamiento con opción de compra, ejerciéndose ésta en octubre de 2015, vía la emisión de un bono de deuda a cinco años colocado en los mercados internacionales.
El valor del coloso es de 250 millones de dólares.
Oceanografía alega tener derechos patrimoniales de la nave por 134 millones de dólares.
Según la firma, en la salida apresurada del barco, el 1 de marzo de 2014, se fueron materiales y equipos de su propiedad por 10 millones de dólares.
En el escenario de rarezas del caso, como usted sabe, el juez del concurso mercantil tampoco reconoció como acreedor a Banamex, justo quien había llevado a la cárcel a Yáñez.
El banco lo acusó de falsificar documentos cobrables de Pemex en el marco de préstamos de factoraje por 55 millones de dólares.
En la cadena de embrollos, primero se emitió una orden de aprehensión contra Martín Díaz Álvarez, el socio mayor después de Yáñez, y luego, detenido en Miami, Florida, tras darse a la fuga, se le dejó en libertad al reconocerse un amparo a su favor.
Y aunque Banamex cesó y consignó a 11 funcionarios como presuntos cómplices, hete aquí que ninguno fue sujeto a proceso.
El cochinero de Oceanografía.
Centradas cámaras y micrófonos en Petróleos Mexicanos, hete aquí que también hay una estrecha liga entre el gobierno de Veracruz que encabezaba Javier Duarte y la empresa brasileña Odebrecht. Ésta recibió un contrato para suministrar agua potable a los municipios de Veracruz, Boca del Rio y Medellín; otro para Xalapa, además de pactar una alianza para un proyecto de generación eléctrica.
En el primer caso, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el exfuncionario preso en una cárcel de Guatemala movió los hilos; en los dos siguientes metió recursos de las arcas públicas.
Estamos hablando de 355 millones de pesos.
La empresa creada en sociedad se llama Grupo Metropolitano de Aguas y Saneamiento.
La firma del gigante del cono sur colocó como socios a Javier Chuman Rojas y Eduardo De Melo Pinto... ambos procesados por el gobierno de su país. El primero por presunto lavado de dinero en obras ejecutadas en Angola, y el segundo por supuestos sobornos por 3 millones de dólares a un político local.
De Melo participó como consejero de dos empresas creadas por Odebrecht en Xalapa en 2012.
La concesión para abasto de agua se pactó a 30 años.
La gran pregunta, naturalmente, es en qué condiciones pactaron las alianzas de cara a la apuesta colocada en la mesa por el gobierno de Veracruz.
De acuerdo con la bola de cristal del despacho Varela Ingeniería de Costos, al término del año la tasa de inflación en materia de materiales, mano de obra y construcción llegará a 12.5%, aunque se prevé un máximo de 21%.
El pronóstico se extiende a 2018, previéndose un promedio de 18.8%, en una banda que iría de 6.2% a 33%.
En el primer trimestre del año, por lo pronto, el promedio es de 5.6%.
Con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ayer se celebró en Madrid el Foro América, tradicional escenario para replantear las relaciones políticas y mercantiles entre México y España.
Al evento acudieron empresarios de las dos naciones.
HOMEX, BORRóN…
Colocada en la mesa hace dos años la renuncia de su director general, un miembro de la familia propietaria, al fragor del escándalo por la indagación abierta en Estados Unidos acusando a la empresa promotora de vivienda Homex de inflar sus ingresos en fraude a los inversionistas, hasta hoy está llegando el reemplazo.
El puesto lo ocupará José Alberto Baños, un ex funcionario de Banco Santander que llevó la reestructura de los créditos otorgados a la firma y al resto de similares en problemas ante el cambio de reglas para construir vivienda media y social.
El cargo lo ocupaba en forma interina el presidente de la compañía, Eustaquio de Nicolás.
ADN 40
Ahora en el canal 1.2 de televisión abierta o en el 40.1 en el Valle de México y, naturalmente, en video de paga, nace ADN 40 como alternativa de información, opinión y debate.
A éste se incorpora la barra de Azteca Opinión.
