Angélica Ruiz, directora general de México & Latan de Vestas, dijo que desde hace tres años uno de sus clientes tiene parado el proyecto Eólica del Sur, en Oaxaca. (ARCHIVO)
La Secretaría de Energía (Sener) tiene detenidas 563 Evaluaciones de Impacto Social (EvIS) para el desarrollo de proyectos, lo cual ha retrasado su arranque.
Rodolfo Salazar, director general adjunto de Evaluación de Impacto Social y Consulta de la Sener, señaló que, del total de evaluaciones, 280 corresponden a proyectos eléctricos.
El cumplimiento de evaluaciones sociales o consultas indígenas es un requisito para todo proyecto de energía tras la reforma energética.
Las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos especifican plazos de 90 días naturales para proyectos eléctricos y 90 hábiles para los de hidrocarburos, mismos que se han excedido por la Sener.
Angélica Ruiz, directora general de México & Latan de Vestas, dijo que desde hace tres años uno de sus clientes tiene parado el proyecto Eólica del Sur, en Oaxaca.
Israel Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, indicó que por la cantidad de proyectos en marcha y al ser algo nuevo, la oficina que los autoriza se ha quedado corta.
Destacó que la Sener solicita una evaluación para la instalación de paneles solares en techos dentro de los sectores residencial, comercial o industrial, cuando son proyectos prácticamente individuales.
El funcionario Salazar reconoció que existen cuatro proyectos que están detenidos, pues entraron en un proceso jurisdiccional relacionado con la resolución de sus Evaluaciones de Impacto Social y Consulta de la Sener o con consultas indígenas, pues particulares manifestaron su inconformidad.
También están atorados un proyecto eólico y uno hidroeléctrico.
Uno de ellos tiene como acto reclamado el carácter previo de la consulta a comunidades indígenas, y el otro tiene que ver con la validez de la consulta.
Héctor Garza, miembro y socio de Ritch Müeller y asesor de empresas en cuestiones de tipo social, dijo que es urgente que el Poder Legislativo apruebe la Ley General de Consultas Indígenas, cuya iniciativa está en el Congreso, ya que ha habido demasiada tolerancia por parte del Poder Judicial hacia este tipo de proceso.
