Los descuentos en el pago de impuestos anunciados por el gobernador Rubén Moreira en apoyo de la economía de las familias coahuilenses, son de pacotilla entendiéndose como tal en términos coloquiales, cosa insignificante y de poco valor. Lo anterior, porque se trata de descuentos a impuestos que de suyo resultan excesivos hasta el punto de que su recaudación y pago resultarían imposibles si se mantuvieran en su cuantía original.
Basta considerar el tema del costo de las licencias para conducir automóviles, que en el mes de noviembre del año pasado durante el Buen Fin, fueron rebajadas de seiscientos a doscientos pesos. Sólo en la ciudad de Torreón fueron veinte mil los automovilistas que acudieron a obtener su licencia a ese costo, lo que indica que hasta aquel momento estuvieron en imposibilidad de pagar el costo inicial y como consecuencia, conducían sus vehículos en la ilegalidad y falta de control que ello implica.
El trastorno generado por la puesta en barata de las licencias, originó que hasta la fecha no haya concluido el trámite de su expedición, porque como corresponde a la mediocre forma de actuación de este mal gobierno, no existen los elementos ni humanos ni materiales suficientes para cumplir en tiempo y forma.
A la postre la entrega de las licencias a bajo coso resultó un engaño para las ciudadanos, porque ante su sorpresa les fue expedida una licencia para un período de vigencia de dos años, menor al ordinario de tres años. Sobre la farsa, la burla.
En el anuncio cuyo comentario nos ocupa, Moreira habla de la cancelación o reducción en ciento ocho gravámenes impositivos. El ofrecimiento lejos de implicar una generosidad digna de reconocimiento, pone de manifiesto la enorme voracidad recaudatoria del moreirato, capaz de generar un número y variedad de impuestos tan grande y costosa, que permite semejante rebaja.
La barata de los impuestos en comento, es congruente con el sistema que el moreirato ha sostenido en forma cotidiana los últimos once años, en los que el sistema de recaudación es un fracaso, porque funciona en base a una operación política clientelar, que desde la estructura aplica descuentos y exenciones para efectos de control electoral. Un ejemplo evidente de lo anterior, lo ofrece el sistema de cobros del servicio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento que se encuentra en quiebra, porque cobra a discreción según el criterio "como veo doy…".
El mensaje engañoso del gobernador incluye un ofrecimiento según el cual, iniciará una ley que establezca un régimen de preferencia en favor de los proveedores de origen coahuilense, en los contratos con el Gobierno del Estado. Además de que dicha propuesta viola el régimen de licitación pública y vulnera el derecho a la libre concurrencia comercial, parte del falso supuesto de que no existan contratistas consentidos y empresas fantasmas protegidas por el moreirato.
En otra parte de su anuncio mendaz, Moreira ofrece estímulos en favor de la minería carbonífera, la industria acerera y la actividad vitivinícola del Estado, a las que menciona a paso ligero sin ofrecer ni siquiera el bosquejo de lo que sería en cada rubro un plan serio de fomento y apoyo, que como gobernador no se ocupó de proponer en el pasado y que en las postrimerías del segundo sexenio moreirista, se advierte producto de una ocurrencia de última hora.
Es oportuno recordar que cuando el gobernador Jorge Herrera Caldera, anunció que el gobierno de Durango dejaría de cobrar el impuesto de tenencia de automóviles, Rubén Moreira lo fustigó en público severamente, diciendo que se trataba de una medida electorera.
De cara al actual proceso para renovar autoridades locales en la entidad, la actual propuesta del Gobernador de Coahuila no merece otro calificativo más que el de electorera, porque la propuesta de reducción de impuestos y apoyos a la producción que ofrece es de pacotilla, como corresponde a un gobierno de pacotilla.
