La organización civil Artículo 19 alertó sobre la existencia de al menos ocho focos rojos en la reforma de telecomunicaciones que pretende aprobar mañana el Pleno del Senado.
En un comunicado, advirtió que el dictamen es inconstitucional, ya que faculta a la Secretaría de Gobernación para sancionar cualquier incumplimiento en materia de contenidos y tiempos del Estado.
"Traslada las facultades otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la supervisión de contenidos en materia de radiodifusión, tiempos del Estado y publicidad.
"El dictamen establece claramente que será la Secretaría de Gobernación quien se encargue de sancionar incumplimientos en materia de contenidos", refiere el documento, en relación al artículo 297 del proyecto.
La agrupación considera que el traslado de facultades pondría en riesgo las garantías de imparcialidad necesarias para una tarea que consideran delicada.
"Se legitimaría la intervención de otros Poderes autorizados para sancionar en la materia, lo que generaría potencialmente un efecto inhibitorio en este ámbito, así como en la imposición de limitaciones ilegítimas a la libertad de expresión o incluso en casos de censura de contenidos audiovisuales".
También advierte que la reforma no contempla mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar la máxima publicidad en el IFT.
"La falta de estas medidas atenta seriamente contra los principios de transparencia y máxima publicidad".
Artículo 19 sostiene que la reforma no sólo mantiene las disposiciones propuestas por el Ejecutivo en materia de colaboración con la justicia, sino que incluso se profundiza en los controles.
La organización detalla que el dictamen establece obligaciones de geolocalización en tiempo real abiertas para autoridades de seguridad.
En su opinión, la medida puede resultar invasiva y violatoria del derecho a la privacidad.
"La arbitrariedad y discrecionalidad con la que esta figura puede ser utilizada puede constituir un contexto de intimidación para los ciudadanos", añade.
Además, afirma que la fracción segunda del artículo 190 establece un mecanismo de vigilancia masiva, al establecer la obligación de retener los datos de comunicaciones privadas para la consulta y entrega en tiempo real.
"Se va más allá de lo establecido en la propuesta inicial del Gobierno federal", asegura, "donde solamente se establecían las obligaciones de retención, pero no se concebían como un sistema de consulta en tiempo real".
La organización civil también criticó que en el dictamen se excluya la posibilidad de que los medios sociales tengan acceso al financiamiento a través de la contratación de publicidad comercial, ya que los hace depender del gobierno en turno.
"Esta restricción se ampara en una mal entendida noción de medios sin fines de lucro, que limita de manera desproporcional las posibilidades que estos sectores tienen para mantenerse".
