Dos hechos que relacionan al derecho y a la política han tenido lugar esta semana. El primero de ellos concierne a la consignación a un Juez Federal del ex presidente Luis Echeverría y el segundo, al trámite de extradición del ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy.
En este caso, la acción penal se ejerció en relación con los hechos históricos acaecidos en la ciudad de México el diez de junio de 1971, en ocasión de la represión violenta de que fueron objeto manifestantes opositores al Gobierno, por parte de un grupo paramilitar conocido como “Halcones”.
Echeverría no inventó la represión en nuestro país. La falta de un ejercicio democrático durante el régimen que malogró los ideales de la Revolución de 1910, propició episodios recurrentes de violencia mediante los cuales se dirimían las luchas por el poder entre los grupos en pugna. Más tarde la violencia se desataría en contra de toda forma de disidencia: Los católicos, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes y durante el sexenio de Echeverría Álvarez, los empresarios.
Echeverría desempeñó un papel doble y contradictorio. Fungió como una especie de agitador de izquierda desde la cúpula del poder que suscitó diversos movimientos de discordia social, a los cuales alentaba o reprimía según criterios que los mexicanos nunca llegamos a entender plenamente. El último día de su mandato, entregó el poder en medio de la zozobra colectiva y los rumores de un golpe de Estado.
El segundo caso trata del escándalo que implicó la transferencia de mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos al la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional del año dos mil, al través del sindicato de Pemex, respondiendo a un esquema en virtud del cuál el antiguo régimen utilizaba los recursos públicos para mantener a su partido en el poder.
La represión y la corrupción fueron instrumento de Gobierno intrínsecos de la presidencia imperial y el sistema de partido de Estado, por lo que en ocasión de la alternancia y la llegada de un Gobierno emanado de un partido distinto, algunos protagonistas de nuestra vida pública demandaron y con razón, el esclarecimiento de los actos de represión y corrupción del viejo régimen y el castigo a los culpables.
La consignación del caso Echeverría ha concluido en su primer episodio ante el Poder judicial Federal, con una resolución que niega la orden de aprehensión en virtud de un tecnicismo: la acción penal está prescrita.
La prescripción es una institución establecida en la Ley Penal de nuestro país, que extingue el derecho de castigar al presunto culpable en virtud el tiempo transcurrido. En este caso los gobiernos priistas posteriores al de Echeverría, fueron los encargados de abrir espacios a la prescripción y por tanto a la impunidad, en la medida en que fueron omisos de investigar y castigar los delitos por casi treinta años.
Por ello no es extraño que sean priistas como Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, quienes se oponen a las acciones del actual Gobierno que buscan llevar ante la justicia a Luis Echeverría como responsable de la masacre del diez de junio de 1971. Ellos saben que aunque el castigo que corresponde haya prescrito y los crímenes permanezcan impunes, la apertura de las investigaciones y la actualización de los debates, darán pié al conocimiento de la verdad a la que tiene derecho la sociedad mexicana, como condición para ser libre.
En el segundo caso que corresponde al Pemexgate se ha hecho justicia solo en parte, en el sentido de que ya existe una resolución que obliga al PRI a devolver los recursos desviados, en tanto que el ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy, enfrenta un proceso de extradición por el delito de peculado, en una prisión de la ciudad de Houston, Texas.
En esta ocasión también son priistas quienes se erigen en defensores de las corruptelas del viejo régimen. El gobernador Enrique Martínez y Martínez rasga sus vestiduras frente a lo que considera que se trata de una persecución por motivos políticos y pide “que lo dejen en paz...” al referirse a su antecesor en el Gobierno de Coahuila.
En ambos casos se trata de delitos del orden común en los que incurrieron en forma consciente y deliberada funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, por los motivos personales o políticos que los hayan impulsado. El que se aleguen circunstancias históricas para excusar a los culpables, solo confirma que los protagonistas fueron parte de un sistema basado en la represión y la corrupción como forma de Gobierno y tal cosa, lejos de atenuar su responsabilidad, la agrava.
