Rubén Díaz Alamilla, fue vinculado a proceso penal, por las lesiones agravadas que presuntamente provocó al pequeño Owen, niño de 5 años que sufrió perforación de intestinos y quemaduras graves en su cuerpo.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, pidió al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) continuar con las sanciones a los otros jueces federales denunciados por presuntas irregularidades en el otorgamientos de suspensiones provisionales y definitivas a empresas importadoras de autos usados.
Solís aplaudió la decisión que tomó hoy el CJF al suspender por tiempo indefinido y sin goce de sueldo al juez federal Daniel José González Vargas, quien había sido adscrito de Baja California a Veracruz recientemente para facilitar una investigación en su contra, y al actual secretario del juzgado del distrito en Baja California, Ricardo Arreola Villanueva, por presuntas irregularidades en sus fallos.
Consultado sobre la decisión del Pleno del CJF, el presidente de la AMIA dijo que reciben con beneplácito las sanciones y confió en que se aplique el mismo criterio en contra de los otros jueces federales denunciados por este tema.
"El Estado de derecho es fundamental para que nosotros (la industria automotriz) asegure nuevas inversiones y, con ello, empleo. Para nosotros este fallo es un claro mensaje a la comunidad judicial de que el Consejo de la Judicatura no va a permitir laxitudes en un tema tan delicado y que tanto daño le ha hecho al país", dijo Solís.
Y advirtió que aun cuando son cinco empresas que concentran el 80% de los fallos a favor, éstas rentan los amparos a su vez a otras agencias comercializadoras de los llamados autos "chocolate".
"Es desafortunado que este tema ha tenido tal desmedido grado de importaciones a la luz de suspensiones provisionales que han sido otorgadas a una cuantas, esas empresas beneficiadas ni siquiera importan los autos ellas mismas, sino que rentan los amparos como es del conocimiento de quienes están en el negocio", detalló.
Y en ese sentido pidió al CJF continuar investigando la agenda de denuncias que se han presentado en contra de jueces federales que presuntamente benefician al sector de autos usados de importación en perjuicio de la industria automotriz.
"El mercado interno se ha visto afectado de manera estructural. Hay estudios que señalan que el mercado interno está por debajo de donde está, se podrían generar hasta 300 mil empleos adicionales con un mercado interno sano, pero debido a la importación desmedida de esta chatarra o basura vehicular, el mercado interno no despega y el daño es dificultad para conseguir inversiones (en el sector)", concluyó.
