Reunión. Raúl Plascencia, presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos y el juez Humberto Antonio Sierra.
Reticencias de operadores jurídicos frente a un marco constitucional avanzado e interpretaciones distintas sobre el contenido y alcance del artículo primero constitucional, son dos de los obstáculos que enfrenta la reforma en Derechos Humanos.
Otras "complejidades" que señala el diagnóstico es la inexistencia de un sistema o una metodología que permita monitorear el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También, la existencia de un sistema penal poco receptivo a los derechos de los reclusos; el llamado "populismo penal" y las interpretaciones reduccionistas de la propia reforma, considerada el cambio constitucional en la materia más trascendente desde la Constitución de 1917.
"La labor legislativa frecuentemente se enfrenta con interpretaciones reduccionistas que circunscriben el derecho a la mera letra de la norma, sin aproximarse al contenido substancial de los principios y valores que impregnan la labor legislativa", indica el reporte.
"De ahí que se requiera de una visión valorativa y principialista que influya en la producción legislativa en materia de Derechos Humanos, para que cada disposición normativa, desde su concepción, tienda a la máxima protección", agrega.
En el rubro de pendientes y retos, se señala la necesidad de concretar la Ley General de Ejecución Penal, entre otras acciones.
