Las estadísticas muestran la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas. (ARCHIVO)
La senadora Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, aseguró que es "inconcebible" que persistan las denuncias de esclavitud forzada de las que son víctimas jornaleros agrícolas en diversos estados de nuestro país.
La legisladora afirmó que la explotación laboral y la esclavitud son sancionadas por la Ley contra la trata de personas, sin embargo, dada su inaplicabilidad por carencias y contradicciones jurídicas, es necesario que las reformas a la legislación aprobadas por el Senado, sean dictaminadas y aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados.
EL UNIVERSAL publicó este domingo las historias de jornaleros de los ranchos de Vizcaíno, Baja California Sur, que ha implementado un sistema de seguridad y explotación laboral de corte feudal con mayordomos vigilando a los jornaleros que recolectan la fresa de temporada.
De la Peña refirió que Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" de Guerrero, señala que las estadísticas muestran la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas.
"Noventa por ciento de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3% gana por jornal o día de trabajo, 23.8% recibe su pago a destajo, o bien, 76.5% recibe su pago cada semana y 18.4% a diario".
Además no tienen acceso a la seguridad social, aunque su vida corra riesgo por los materiales tóxicos a que están expuestos, sobre todo en uso de agroquímicos prohibidos en otros países.
La legisladora del PRD explicó que además de tratarse de un delito sancionado en la Ley contra la trata de personas, contraviene la más reciente reforma constitucional que establece los 15 años como la edad mínima para iniciar la vida laboral y "sabemos que hay niñas y niños menores de 15 años trabajando de sol a sol en campos agrícolas, por ejemplo, en Baja California Sur".
