Un recurso legal pero sin ética

Crónicas de oscuridad y urbanidadluis hernández aranda

Un recurso legal pero sin ética

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Escrito por luis hernández aranda 03 de agosto de 2009
General

México es un país de grandes contradicciones, donde coexisten actividades económicas modernas con tradicionales, como la agricultura, en diversas partes del país. Aquellas zonas o sectores dedicados a la agricultura tradicional, son los que experimentan una mayor pobreza.

En todo el país la agricultura se vio seriamente afectada ante la aplicación de políticas neoliberales a inicios de la década de los 90´s. En este contexto surge hace 15 años el programa Procampo con el objetivo de apoyar a los productores más pobres del país, para que así pudieran competir con los mercados internacionales y como consecuencia elevarán su nivel de vida.

Para variar, estos buenos deseos sólo quedaron en eso. Hoy el campo sigue sumido en la pobreza, incluso se ha agravado como consecuencia de la falta de ética y transparencia de un programa que entregó alrededor de 80 mil millones de los 171 mil millones repartidos durante estos quince años al 10 por ciento de los propietarios más ricos del medio rural.

Y aunque las autoridades defiendan la legalidad en la entrega de recursos, resulta poco ético e indignante que los beneficiarios de este programa sean personas acaudaladas, políticos, e incluso familiares de personas vinculadas con el crimen organizado mientras el grueso de los campesinos se muere de hambre.

Por ejemplo a nivel local resulta indignante que en estos 15 años una de las personas que ha obtenido mayores recursos sea el ex secretario de Fomento Agropecuario de Coahuila y ahora diputado federal electo, Héctor Fernández Aguirre, con un monto de más de 14 millones de pesos.

Este dato fue revelado por el panista Luis Gurza en las recientes campañas electorales a diputados federales, sin embargo Fernández Aguirre aseguró que los apoyos los recibió de manera legítima. Lo cual puede ser cierto, pero dónde queda entonces la ética de beneficiarse de un programa destinado a los pobres, cuando el ahora diputado federal priista está muy lejos de vivir una situación de miseria.

Seguramente Fernández Aguirre, como otros poderosos beneficiarios del Procampo, no se despierta cuestionándose sobre el qué va a comer o si tendrá algo de dinero en la bolsa, como muchos productores del campo. Insisto, el problema no es la legalidad, sino la falta de ética y de sensibilidad social. En este contexto vale la pena preguntarse, ¿con este antecedente qué parámetros de confiabilidad hay para que el ahora diputado apruebe leyes en beneficio del grueso de la sociedad?, ¿en realidad buscó la diputación para servir a los demás o simplemente para aumentar su capital económico?

Por desgracia a nivel local Fernández Aguirre no es el único ejemplo. El padrón de la Secretaría de Agricultura arroja los siguientes nombres: Raúl Onofre, quien en 2008 dejó la alcaldía de Matamoros para competir por una diputación local, obtuvo 2 millones de pesos. El ex diputado local, Jorge Abdala Serna, mencionado como posible candidato del PRI a la alcaldía de San Pedro, obtuvo un millón 334 mil pesos. El que menos apoyo ha recibido, lo cual no lo exime de la falta de sensibilidad social fue el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, quien obtuvo 38 mil 520 pesos. Por su parte el ex gobernador de Durango y ex líder de la Confederación Nacional Campesina, Maximiliano Silerio, ha recibido un millón 161 mil pesos y la diputada federal y ex alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, recibió 225 mil pesos. Mientras que el actual director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, José Miguel Campillo Carrete, obtuvo 156 mil pesos.

La lista también cita apoyos al secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Durango, José Rubén Escajeda, quien ha recibido 83 mil pesos, y al subsecretario de Desarrollo Rural, Nicolás Alcántar, quien recibió 604 mil pesos.

Este problema de inequidad en los programas sociales del campo no sólo agrava la pobreza, sino que también es un detonador del narcotráfico. ¿Cuántas historias no corren en el país de campesinos que sumidos en la pobreza acceden a cultivar droga? El fracaso del Procampo no es sólo un problema económico, sino que alcanza otras esferas como el de la seguridad. La pobreza es un caldo de cultivo para la delincuencia.

El fracaso de este programa sólo viene agravar las desigualdades sociales y pone nuevamente en evidencia el nulo compromiso de los políticos de este país, quienes no tienen empacho en beneficiarse de programas sociales destinados a los pobres, aunque ellos sólo tengan contacto con la pobreza los días de campaña.

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