Teatro de la muerte

La gravedad de las penas no disminuye los delitos
Cesare Beccaria, 1764

Espectacular, mediática, ruidosa, polémica, así resulta la propuesta sobre la pena de muerte que esta semana aprobó el Congreso de Coahuila. El Gobernador Humberto Moreira Valdés envió al Congreso del Estado la iniciativa de reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución, para que en Coahuila se castigue con la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a su víctima. La sensación no se dejó esperar e inmediatamente la nota se convirtió en una auténtica ola mediática que inundó noticieros y periódicos, y al mismo tiempo, metió a medio mundo a opinar sobre el tema.

El beneficio mediático para el gobernador Moreira es palpable en cada noticia y cada opinión que se recoge en las calles. Los principales diarios nacionales han registrado inmediatamente la nota del coahuilense. Una breve revisión en las radios nacionales y los noticieros televisivos, expusieron el enorme eco de la propuesta. Ante todo, lo mediático se impone, incluso, por encima de las razones y los argumentos. Hasta en el portal de uno de los correos electrónicos más populares, se anunció ese día la propuesta. Con la sagacidad que lo caracteriza, Moreira ha dado en el clavo de la opinión pública, no sólo ha sabido leer el enorme descontento de los votantes, sino que asume una postura sobre cómo abatir la inseguridad, y eso lo ha mostrado sensible en un tema de alto impacto como el secuestro. Tan sólo de enero a noviembre se han reportado 943 casos de secuestro en el país, de lo cuales 237 se dieron durante los primeros cien días desde que se firmó el Acuerdo por la Seguridad. No obstante, es importante tomar estas cifras oficiales como un dato parcial, ya que existe una buena cantidad de secuestros que no se denuncian. 

Las opiniones de los principales líderes políticos fueron encontradas. Por un lado, el apoyo abierto a la iniciativa como una contundente solución al problema, por otro, las críticas e incluso las descalificaciones con variados adjetivos. Mientras tanto, Moreira ha puesto discutir a los legisladores y de paso, mandó una poderosa señal a la ciudadanía que está indignada y tiene miedo ante la creciente inseguridad y violencia que se vive en el país. Si analizamos los números de las diferentes encuestas que se han realizado en el pasado y también recientemente, veremos que la iniciativa de pena de capital se vuelve muy popular en periodos marcados por la inseguridad. En febrero de 2007 Consulta Mitofsky publicó una encuesta realizada en vivienda a 1000 mexicanos. Encontró que la mayoría de los mexicanos, hasta un 74% apoyaba la pena de muerte, mientras que un 22% se manifestó en contra.  

En el segundo mes del presente año, la empresa Parametría hizo un estudio que concluyó resultados similares: una buena parte de la población de México acepta la pena capital para quienes privan ilegalmente de la libertad.  
Pero también, si no fuera la pena de muerte, 9 de cada 10 mexicanos están convencidos que los secuestradores deben ser castigados con cadena perpetua, sin embargo, no están seguros que sea la mejor solución para terminar con los secuestros (70%).
Es indudable el apoyo popular que encuentra una iniciativa como la pena de muerte o la cadena perpetua, pero vale la pena cuestionar, dudar ante la avasallante opinión para no caer en la falsa premisa: muchos los creen, por lo tanto es verdadero.

¿Funciona la pena de muerta? ¿Baja la incidencia del delito si aumentamos las penas? Existen diferentes perspectivas de argumentación sobre el tema como son la jurídica, la religiosa, la moral. Sin embargo, no me interesa argumentar mi rechazo hacia la pena de muerte desde alguno de esos ámbitos. Más bien me interesa conocer la funcionalidad y eficacia operativa de la pena de muerte como fórmula para disminuir los delitos y disuadir a futuros criminales. Gracias a la evidencia empírica que ofrecen los casos de la pena de muerte en otros países, además de los diferentes estudios que han logrado probar consistentemente la ineficacia de la pena muerte como política contra la criminalidad. Recientemente el Dr. Gerardo Palacios Pámanes demostró con elegancia y sólida investigación, la tesis del clásico del derecho, Cesare Beccaria: aumentar las penas no disminuye los delitos, tal y como se busca con la pena capital. La diferencia es que el Dr. Palacios le dio sustento empírico a ese argumento a través de estudiar sistemáticamente las cárceles mexicanas. Entre las conclusiones encontró que endurecer las penas no disminuye los delitos porque no logra incidir previamente en los potenciales criminales. No se enteran y por si fuera poco, los criminales tienen la “gloriosa” certeza de la impunidad, porque 7 de cada 1000 delitos tuvo sentencia condenatoria en el país.

Leo Zuckermann recordó esta semana en Excélsior (4-XII-08) el caso de Estados Unidos, donde en 2004, la media anual de asesinatos en estados donde existe la pena de muerte era de 5.71 por 100 mil habitantes, mientras que, en estados libres de la pena capital, el porcentaje era tan sólo de 4.02 por 100 mil habitantes. En 2007, el promedio anual de asesinatos donde existía la pena capital era de 5.5 por 100 mil habitantes mientras que en las entidades donde no existe la pena de muerte había caído a 3.3, de acuerdo con el Death Penalty Information Center.
En suma, es bueno que el gobernador de Coahuila tenga interés y sensibilidad por el tema, pero también es necesario discutir y proponer con profundidad y seriedad el tema, si al final, lo que se busca es hacer efectiva la seguridad.