Revisión. De acuerdo a una investigación, los ejemplos de cómo los estados protegen a sus funcionarios sobran.
Los estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos.
Algunos motivos fueron que se habían reintegrado los recursos (aunque sin especificar de dónde los habían obtenido) o que hubo incumplimiento a la Ley, aunque no dolo ni mala fe. En sólo 48 casos, la sanción determinada fue una amonestación pública o privada.
Solamente 24 expedientes concluyeron con la inhabilitación de funcionarios, 22 de ellos son de Guerrero por la cuenta pública de 2009.
Los ejemplos de cómo los estados protegen a sus funcionarios sobran.
El Estado de México pagó indebidamente a 5 mil 848 trabajadores de la educación, de los cuales 973 estuvieron comisionados al sindicato sin razón legal y otros 4 mil 875 estaban adscritos como "personal homologado".
Sin embargo, la entidad respondió que no existían elementos para iniciar procedimiento de sanción alguno y que, además, había prescrito el tiempo para un eventual castigo.
Otro ejemplo: Funcionarios de Veracruz adjudicaron directamente, sin justificación legal, tres contratos en el Puente Coatzacoalcos I por un monto total de 87.4 millones de pesos.
La Contraloría local respondió a la ASF que sobreseyó el expediente "al no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el resultado".
En Baja California se entregó, de manera extemporánea, la comprobación de recursos transferidos por la Conade por 25 millones de pesos.
El Gobierno aceptó la anomalía, pero dijo que no había responsabilidad de la encargada del Instituto del Deporte y cerró el caso.
