Selección. Sólo se difundieron las calificaciones asociadas con el número de concursante, sin revelar los nombres.
Una juez federal ordenó difundir públicamente las calificaciones que obtuvieron durante su proceso de selección los 14 integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como las preguntas que les fueron formuladas y las respuestas que dieron.
Paula García Villegas, juez Primera de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucionales los lineamientos de acceso a la información determinados por el Comité de Evaluación que se encargó de seleccionar a los aspirantes propuestos al Ejecutivo, mismo que estuvo integrado por los titulares del Banco de México y de los institutos nacionales de Estadística y Geografía (Inegi) y de Evaluación para la Educación (INEE).
Los lineamientos no fueron publicados en el Diario Oficial, y en ellos se clasificó como información reservada el resultado de los exámenes de conocimientos aplicados a los aspirantes, así como el examen mismo, incluyendo el banco de reactivos que se utilizó para formularlo.
El Comité de Evaluación solo difundió las calificaciones asociadas con el número de concursante, sin revelar los nombres correspondientes asociados con cada calificación, y en agosto de 2013 seleccionó a 70 de los 115 aspirantes para ponerlos a consideración del presidente Enrique Peña Nieto.
Al amparar a un solicitante de información, García Villegas sostuvo que estas restricciones al derecho a la información no fueron razonables ni proporcionales.
"El puesto de Comisionado (de IFT y CFC) requiere de diversos conocimientos técnicos, jurídicos y económicos, por lo que está dentro del mejor interés ciudadano conocer si los mismos han sido asignados a aquellas personas que están mejor capacitadas", dice la sentencia notificada el 9 de mayo.
"Si no se a da a conocer la información sobre sus calificaciones, sus cargos siempre tendrán un defecto de legitimación de cara a la sociedad, la cual tiene derecho a estar informada", se agrega en el fallo.
También se ordenó difundir los resultados de los exámenes de los aspirantes no seleccionados, sin mencionar sus nombres, y publicar los lineamientos en el Diario Oficial.
Busca PRD comparecencia
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Píter, informó que propondrá un punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que expliquen y fundamenten la decisión de postergar el llamado "apagón analógico", aparecida en el Diario Oficial el pasado 7 de mayo de 2014.
Explicó que en el actual contexto de la reforma de telecomunicaciones, diferir la fecha del apagón analógico, tendría graves consecuencias en el interés del mercado respecto de la licitación de las dos nuevas cadenas digitales de televisión abierta.
Mencionó que el retraso en el "apagón analógico" significaría que las empresas preponderantes seguirán explotando su actual modelo de negocios en detrimento de los anunciantes y los televidentes. El usuario mantendrá una limitada oferta de contenidos de la televisión abierta hasta por dos años más.
Defiende IFT lineamientos
Adriana Labardini, comisionada de IFT, dijo que es "ver moros con tranchete" el pensar que es terrible acortar o alargar el periodo para que los concesionarios como Telmex puedan solicitar servicios adicionales.
"Hay que entrarle al análisis de fondo, el que se vea como terrible el acortar por seis meses o alargar por seis meses el hacer ese análisis me parece ver moros con tranchete".
El IFT emitió los lineamientos para que los concesionarios puedan dar servicios adicionales a los de su concesión donde se estipula un periodo de 18 meses para que el regulador analice las solicitudes de las empresas declaradas como agentes económicos preponderantes. Por ello, Telmex tendría que esperar 18 meses para poder acceder al servicio de televisión de paga. Sobre el tiempo que el Instituto debe considerar para permitir el acceso de los preponderantes, estiman un lapso de 24 meses para evaluar.
