La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados avaló con 21 votos a favor y uno en contra, la minuta que expide la Ley General en materia de Delitos Electorales y que determinará los tipos penales, sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas para los procesos electorales.
En esta nueva ley se establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos hasta nueve años, a los servidores públicos que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas para que voten o se abstengan de votar por algún partido o candidato.
También cuando condicione algún programa gubernamental, las penas se aumentarán hasta en un tercio de la pena prevista que es de nueve años.
Esta minuta fue avalada el pasado 30 de abril por el Senado de la República antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
Dicho dictamen forma parte de la reforma político-electoral que aún tiene detenido el Senado de la República.
Apenas este miércoles, los presidentes de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, el senador panista, Jorge Luis Preciado y el diputado, Silvano Aureoles, acordaron que el próximo miércoles 14 de mayo habrá una periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras para aprobar las leyes secundarias pendientes de la reforma político-electoral.
