En México es legal la extorsión en cualquier operación en terrenos ejidales. La práctica ha afectado a la industria turística y a las desarrolladoras de vivienda, pero se ha convertido en una pesadilla para la minería. La gran pregunta ahora, que el gobierno quiere atraer inversiones privadas a la industria energética, es si se seguirá permitiendo la extorsión sistemática de los inversionistas.
La empresa canadiense Goldcorp está sufriendo uno de estos casos en su mina de Peñasquitos en Zacatecas. Después de complicados acuerdos con representantes de varios ejidos, los cuales siempre estuvieron asesorados por abogados, la minera Goldcorp logró acuerdos con todos en 2005. Desde entonces ha realizado inversiones por 4 mil millones de dólares. La mina, hoy la más importante de la firma en el mundo, empezó a producir oro, plata, cinc y cobre en 2010.
En México, sin embargo, hay una verdadera economía paralela de extorsión por una legislación agraria que considera a los ejidatarios como menores de edad que deben ser protegidos de sus propias decisiones.
La historia la conté ya en este espacio, en el artículo "Peñasquito" del 18 de julio de 2013. Una vez que el proyecto minero estuvo en marcha un pequeño grupo de ejidatarios -sólo del ejido Cerro Gordo y que viven en su mayoría en otros lugares- desconocieron los acuerdos asesorados y azuzados por los diputados federales José Isabel (Chabelo) Trejo Reyes del PAN y Tomás Torres Mercado del PRD.
Un tribunal agrario ordenó la restitución al ejido de 599 hectáreas, lo cual obliga de hecho a suspender la operación de la mina. Hasta el momento no se ha hecho esta restitución porque uno de los ejidos afectados con el cierre de la mina, el de Cedros, y el sindicato de los transportistas que trasladan el mineral han obtenido suspensiones provisionales de la justicia federal.
El problema de fondo es que la legislación agraria ha retomado de los tiempos coloniales un principio paternalista que establece que los ejidatarios no pueden ser considerados responsables de los acuerdos que firman. Cualquier convenio o contrato firmado con ellos puede ser echado para atrás porque la ley supone que los ejidatarios son ignorantes. Poco importa que se cancelen proyectos en que ya se han realizado inversiones cuantiosas, como Peñasquito.
La legislación agraria deja abierta siempre la puerta para que los ejidatarios desconozcan los contratos firmados. Desarrolladores turísticos o de vivienda tienen que comprar varias veces un mismo predio si es originalmente propiedad ejidal. Esto hace que pocos se atrevan a realizar acuerdos con ejidatarios o que paguen precios muy bajos para cubrirse de posibles extorsiones en el futuro. La incertidumbre jurídica es una de las razones principales de la pobreza de los ejidos.
Esta falta de certeza podrá afectar ahora a los proyectos energéticos. Pemex ha aprovechado siempre la fuerza del Estado para apoderarse de predios privados o ejidales cuando ha encontrado hidrocarburos en el subsuelo. Pero ahora serán empresas privadas las que tendrán que operar en estos predios, ya sea en solitario o en sociedad con Pemex.
Yo me pregunto qué va a pasar con las nuevas operaciones de gas y petróleo, por ejemplo en campos de lutitas. ¿Permitirá la autoridad que se mantenga el negocio de extorsión? ¿Tendrán que comprar las empresas no una sino varias veces los predios ejidales en que operen?
Hoy es Goldcorp -junto a los trabajadores, los ejidatarios y los transportistas de Peñasquito- los que sufren por la incertidumbre jurídica de los acuerdos con ejidatarios. Mañana pueden ser también las empresas petroleras, las cuales difundirán al mundo el mensaje de que en México un contrato no vale el papel en el que está firmado.
SECUESTRADAS
Otras ocho niñas han sido secuestradas en el noreste de Nigeria por islamistas debido a que han cometido el pecado de recibir educación. Doscientas habían sido secuestradas con anterioridad para ser violadas, vendidas o casadas a la fuerza.
Twitter: @SergioSarmiento
