El presidente Enrique Peña Nieto presentó esta semana el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), detallando los 743 proyectos que su gobierno impulsará durante este sexenio. Supongo que los alcaldes y el gobernador de Coahuila habrán tomado nota de la minúscula rebanada de presupuesto federal que nos toca. Salvo por las multimillonarias inversiones que el Gobierno Federal anunció para explorar y explotar la Cuenca de Burgos, y que serán compartidas con Tamaulipas y Nuevo León, el PNI no ofrece el escape deseado a nuestra sequía presupuestal. El Presidente anunció una amplia lista de sistemas ferroviarios, metrobuses, aeropuertos, carreteras, puentes, teleféricos, túneles, presas y un muy largo etcétera que deberá ser construido en todo el territorio nacional antes del 2018. Con el 3 por ciento de la población del país, a Coahuila le corresponderá sólo el 0.00039 por ciento de la inversión federal en infraestructura, apenas para completar un Centro de Convenciones en Torreón, un paso a desnivel glorificado en Saltillo, el remozamiento de las carreteras existentes y algunas obras menores.
Este resultado no puede explicarse solamente por la política redistributiva del Gobierno Federal, que concentra su mayor esfuerzo de gasto en los estados más pobres del país para combatir la desigualdad. La inversión prevista para Coahuila en el PNI palidece aún si la comparamos contra la dispuesta para estados con características similares.
Por ejemplo, ¿cómo explicar que el PNI contemple un paquete de inversiones 12 veces más costoso para Chihuahua o para San Luis Potosí que para Coahuila? De hecho, el PNI contempla entre 2 y 9 veces menos recursos para Coahuila que para estados con menos población, como Colima y Baja California Sur, y que para estados que contribuyen menos al PIB nacional, como Zacatecas y Nayarit. Según la información publicada, al fin del sexenio Coahuila se ubicará en el penúltimo lugar nacional en inversiones de infraestructura respaldadas por el Gobierno Federal, superando únicamente a Tlaxcala.
Por supuesto, la "mega-deuda" ha jugado un papel importante. Los grandes proyectos de infraestructura pública requieren mezclas de recursos federales y locales, públicos y privados, y los pagos a los bancos restringen significativamente el margen de maniobra del Estado de Coahuila.
Sin embargo ni siquiera el "moreirazo" puede ser excusa permanente. No puede pasar desapercibido que los promotores de otros estados limitados por abrumantes niveles de deuda pública, como Nuevo León, encontraron la manera de entusiasmar y comprometer al gobierno federal a financiar sus proyectos. Por ejemplo, el PNI contempla la construcción de la tercera línea y el diseño de la cuarta línea del Metro de Monterrey, y la construcción de un ambicioso sistema de acueductos que transportará agua 520 kilómetros, desde la Cuenca del Pánuco hasta la Presa de Cerro Prieto. Estos dos proyectos representan una inversión combinada de casi $24 mil millones de pesos. Tabasco, otro estado que carga la herencia dejada por un gobierno corrupto y dispendioso, logró comprometer $4,800 millones de pesos solamente para obras viales en Villahermosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso en Coahuila no sabemos planear y promover proyectos ambiciosos, bien estructurados, trascendentes y financiables?
La responsabilidad es por supuesto compartida. ¿En qué fallaron las gestiones de nuestros diputados federales y senadores? ¿Qué tan bien integrada está la cartera de proyectos impulsados por nuestros alcaldes y secretarios de Despacho? ¿Qué tan real, y que tan productiva, es la cercanía política del gobernador Moreira con el Gobierno Federal? ¿Dónde está la coordinación y el profesionalismo, dónde está la imaginación y la visión de futuro? Es claro que el Estado de Coahuila tiene que navegar contracorriente, pero no sólo por el desastre administrativo y financiero que dejó la administración anterior, sino por la pérdida de confianza.
Los proyectos no florecen porque la ciudadanía no cree en el gobierno, y porque los gobernantes no creen en sí mismos. Muchos funcionarios parecen más concentrados en protegerse de la crítica que en construir los consensos y en desarrollar las capacidades necesarias para concretar obras que trasciendan. Basta mirar el malogrado proyecto Saltibús de Saltillo para encontrar un claro ejemplo. En lugar de utilizar los últimos meses para concretar un proyecto digno de competir por inversión federal este año, los actores involucrados (estado, municipio y empresarios) permitieron -o promovieron- el colapso del concepto sin plantear ninguna alternativa. Ahí lo teníamos, un proyecto de infraestructura en marcha con evidentes necesidades de financiamiento, que bien podría haber justificado una inyección de $1,500-$2,000 millones de pesos federales para resolver sus fallas iniciales. Nadie levantó la mano.
