En la coyuntura del paréntesis que abrió un amparo obtenido por una organización no gubernamental con apoyo de dos senadores panistas, se está iniciando una ofensiva más contra la posibilidad de instalar un colosal centro de exposición y venta de productos chinos en Cancún.
El ataque, en juego de pinzas, apunta a dos flancos: la competencia desleal para la industria y la afectación al entorno ecológico de una zona en que se ubican tres bastiones de gestión ambiental.
El coloso del país del dragón, a imagen y semejanza del existente en Dubai, cuyas ventas anuales alcanzan 40 mil millones de dólares, se ubicaría en una extensión de 557 hectáreas asentadas en un predio conocido como El Tucán.
Una China chiquita en México.
Como lo dimos a conocer a finales de febrero pasado, el juzgado séptimo del Distrito de Quintana Roo concedió la protección de la justicia, en un escenario que obliga a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente a replantear la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por su delegación en la entidad federativa.
La presunción apunta a que ésta soslayó la amenaza que la construcción representa para los manglares, arrecifes y recursos hídricos que permiten el desarrollo sustentable de la zona.
La solicitud de amparo se había planteado el primero de octubre del año pasado.
La exposición de motivos habla del posible daño al ecosistema costero ante la construcción y operación de obras hidráulicas, incluida una desalinizadora, en agravio a un área natural protegida a nivel federal en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
La paradoja del caso es que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente se defendió como león herido frente al reclamo de evaluar no sólo el impacto local, sino el federal, dado que se trata de tierras propiedad de la Nación.
De entrada, negó que hubiera recibido denuncia alguna por parte de organizaciones civiles, por más que el legajo tenía el sello de recibido de su delegación en Quintana Roo.
El juez de la causa exhibió como punto nodal para la exigencia de la revisión, el que el párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución señala letra por letra que "el Estado garantiza el respeto a un ambiente sano".
Las entrelineas hablaban, por ejemplo, de posibles daños a los arrecifes coralinos que protegen las costas durante la temporada de tormentas y huracanes.
En el paréntesis, organismos empresariales liderados por la Concamín reiniciaron su ofensiva contra la posibilidad de incrementar la catarata de productos chinos al país, en un escenario de precios subvaluados o distorsionados.
La alternativa apunta a ensanchar el de suyo brutal abismo entre exportaciones mexicanas y chinas. Mientras el país vendió al gigante asiático el año pasado mercancías por sólo seis mil 200 millones de dólares, le compramos a su vez 32 mil 300 millones.
En el caso de autopartes, México le vendió a China 300 millones de dólares y le compró cuatro mil millones.
El problema, sin embargo, no sólo es de monto, sino de los incentivos que ofrece el gobierno chino para exportar, oscilando entre el otorgamiento de privilegios tributarios y costo simbólico de servicios, hasta una mano de obra de costo raquítico.
Más aún, de acuerdo al Informe de Estadísticas de Decomisos por Violación a los Derechos de Propiedad Industrial durante 2002, China resultó el mayor proveedor de productos pirata en el planeta. Paraguas cuyo esqueleto no resiste el primer golpe de viento; series de luces navideñas que provocan cortos circuitos; zapatos de una semana…
En su fase original el proyecto Dragon Mart hablaba de la participación de 350 empresas del país del Extremo Oriente con un aparador de tres mil locales, una ciudad con capacidad para 650 familias, y una explanada para actos culturales del país de la muralla.
Jaque al dragón.
BALANCE GENERAL
Entrampada la posibilidad del sí del Senado a las leyes secundarias en telecomunicaciones, y colocada en el casillero de urgente la propuesta de las que complementan la Reforma Político-electoral, las señales apuntan a que el desahogo de las primeras llegaría en un primer período extraordinario a celebrarse en mayo.
El cuello de botella lo provocó la presunción de que el dictamen planteado por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Javier Lozano Alarcón, fue elaborado en Los Pinos o en la Secretaría de Gobernación.
La sospecha centró el debate en la trayectoria del legislador, a quien se acusa de caminar en el filo del conflicto de interés…cayéndose en algunos momentos.
Lo lamentable del caso es que en el escenario, distraída la discusión sobre un supuesto cierre de rendijas que amenazaban la libertad de expresión en las redes sociales, se soslayan puntos clave, como el excluir a Televisa de la posibilidad de predominante en televisión restringida; el restarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para otorgárselas a la Secretaría de Gobernación; el clarificar la posibilidad de exigencia de desincorporación de activos de empresas hegemónicas…
Por lo pronto, el nuevo escenario está en el limbo.
CONFLICTO DE INTERÉS
En lo que pareciera una pifia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque la suspicacia podría estar volando, hete aquí que el abogado Alfonso Ascencio Triujeque, nombrado como administrador del proceso de disolución de Mexicana de Aviación tras declarársele en quiebra, enfrenta un conflicto de interés.
El litigante aparece como representante de la línea aérea Volaris ante la Cámara Nacional del Aerotransporte.
El entredicho, en paralelo, se vuelve más grave si se considera que la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza se precipitó en el nombramiento, dado que se había colocado una impugnación contra la declaración de quiebra, por parte de los sindicatos de Mexicana.
Ascencio Triujeque trabajó en la Secretaría de Hacienda a las órdenes del hoy presidente de Volaris, Pedro Aspe.
En 2011 éste solicitó al Departamento de Transportes de los Estados Unidos, a nombre de la línea aérea, el que le asignaran varias rutas que tenía Mexicana, por ejemplo Monterrey-Chicago, México-Los Ángeles y México-Las Vegas.
Dado que se trata de cerrar una firma que mantenía una concesión federal, el nombramiento recayó en la dependencia, quien simplemente se lo notificó a la juez que llevó el concurso mercantil de la línea aérea, Edith Alarcón.
El ungido tiene obligación de vender los activos de la compañía en desgracia, empezando por la propia marca… y desde luego los derechos por las rutas internacionales.
Naturalmente, las principales interesadas serán las empresas de la competencia, en un escenario en que desde ahora, en un ámbito ajeno a la quiebra, se habla de Interjet como postor para adquirir la base de mantenimiento que tenía Mexicana, es decir MRO.
Su valor radica en las licencias obtenidas para labores de verificación y mantenimiento de todo tipo de aviones.
CRECE RASSINI EN EU
La empresa fabricante de autopartes San Luis Rassini está por inaugurar su segunda planta en los Estados Unidos, ésta en Michigan.
Con una inversión de 20 millones de dólares, la factoría tiene capacidad para producir 2.5 millones de discos para frenos al año, lo que significaría un incremento de 28 por ciento en la capacidad instalada de la firma propiedad del grupo San Luis de Antonio Madero Bracho.
