Dos altos exfuncionarios del Gobierno de Coahuila podrían perder pronto su libertad y sus bienes en los Estados Unidos. Los expedientes de los tres procesos penales y los doce procesos civiles que siguen en su contra los fiscales de aquel país en las Cortes de Distrito de Texas, algunos ya disponibles al público, contienen datos importantes para entender el oscuro rompecabezas de la megadeuda de $35,000 millones de pesos que contrajo el exgobernador Humberto Moreira a nombre de todos los coahuilenses. Dada la opacidad que aún priva en este estado y ante la aparente falta de voluntad de sus actuales autoridades por transparentar las causas y consecuencias del "Moreirazo", estos expedientes se han convertido en la fuente más confiable de información para entender lo que ocurrió. Si bien las investigaciones al otro lado del Río Bravo no revelan más que la punta del iceberg, los coahuilenses tienen muchas razones para seguirlas de cerca. Al menos cuatro mitos propagados en distintos momentos por autoridades coahuilenses quedan desacreditados al contrapuntear los hechos ya conocidos en México con los datos aportados por los fiscales norteamericanos. Primero: Es falso que el principal quebranto haya ocurrido cuando Humberto Moreira ya no era gobernador. Segundo: Es falso que el único delito a perseguir sea la falsificación de algunas firmas para obtener un par de créditos. Tercero: Es falso que los superiores de Javier Villarreal no estuvieran enterados de sus negocios en el extranjero. Y cuarto: Es falso que los millones que estos funcionarios tienen en Texas no tengan origen en Coahuila.
De acuerdo con los expedientes del caso, fue desde el año 2008 cuando el entonces Secretario de Finanzas Jorge Torres y el entonces Subsecretario de Planeación Javier Villarreal comenzaron a lavar dinero coahuilense en el extranjero. Ese año, ambos funcionarios abrieron cuentas personales en el banco JP Morgan Chase de Brownsville, Texas y en instituciones financieras domiciliadas en la Isla de Bermuda. Las cuentas en Texas recibieron varios depósitos provenientes desde México por montos que no corresponden a los sueldos de sus titulares como funcionarios públicos. Meses más tarde, Jorge Torres ordenó a JP Morgan transferir $27 millones de pesos a su cuenta en Old Mutual of Bermuda. Villarreal haría lo propio semanas más tarde, radicando al menos $38 millones de pesos a su cuenta en The Bank of Butterfield and Son en la misma isla caribeña. Además de sugerir que Torres y Villarreal coordinaron su estrategia financiera, y que mintieron acerca del origen de sus fortunas, los fiscales norteamericanos identifican transacciones que confirman una relación de negocios entre ambos. Por ejemplo, Torres autorizó en febrero una transferencia por $5,654,740 pesos hacia una cuenta de Villarreal, y Villarreal transfirió en marzo $7,276,113 pesos a una cuenta de Torres. Nadie en Coahuila se ha preocupado por revisar si esta sociedad o estos ingresos fueron reportados en las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios, y nadie ha solicitado información al sistema bancario mexicano acerca de los titulares de las cuentas que originaron estos depósitos. Quizá los abogados de Torres o Villarreal presentarán una explicación razonable durante el juicio. Sin embargo hoy podemos concentrarnos en un hecho innegable: Existe evidencia de que Javier Villarreal hacía negocios con sus superiores. A la luz de lo que ocurrió en los años subsecuentes, el dato es sumamente sugerente.
Recordemos que el 6 de mayo de 2008 el Congreso local autorizó la contratación de deuda hasta por $3,500 millones de pesos. Semanas más tarde Javier Villarreal asumió el cargo de Secretario de Finanzas, y para finales de 2009 ya había negociado con media decena de bancos préstamos por $7,620 millones de pesos (además de miles de millones adicionales en "cadenas productivas"). Ignoremos por un momento que fue justo en esos meses cuando la práctica de contratar y ejercer deuda sin autorización del Congreso y a espaldas de la opinión pública se convirtió en la principal política pública del Gobierno de Coahuila, y que esta práctica continuaría sin cambio hasta mediados de 2011 cuando reventó en los medios el escándalo de la megadeuda. Concentrémonos sólo en dimensionar el tsunami de millones de pesos no etiquetados y prácticamente inauditables que inundó las arcas del gobierno de Humberto Moreira durante esos meses. El ejercicio sirve para situar en su debido contexto los importantes hallazgos de los fiscales norteamericanos. De acuerdo con sus investigaciones, Javier Villarreal intensificó sus negocios en el extranjero justamente cuando comenzó a fluir el dinero de la deuda.
La historia va mas o menos así: A principios de 2009 dos presuntos prestanombres de Villarreal, Lorenzo Schuessler y Oswaldo Coronado, registraron 9 empresas distintas en Texas. Entre abril y junio de ese año, las cuentas de 3 de estas empresas recibieron 16 depósitos provenientes de México, por un monto total de $286.7 millones de pesos. A juzgar por los movimientos bancarios reportados en los expedientes, las empresas de los prestanombres de Villarreal sólo tenían dos actividades de importancia: Contratar viajes en aviones privados y adquirir bienes raíces. Entre estos últimos destacan un departamento de lujo en la Isla del Padre, una residencia y varios centros comerciales en San Antonio, y una gasolinera y algunos predios colindantes al negocio del padre de Villarreal en Brownsville. Sobra decir que el sueldo de Javier Villarreal como funcionario no justifica estas cuantiosas inversiones.
Una hipótesis plausible es que el dinero proviene de "moches" obtenidos por la negociación de créditos a nombre del estado sin la debida autorización del Congreso y con condiciones favorables a los bancos. Es al menos sugerente que los 16 depósitos millonarios a las cuentas de las empresas de Villarreal coinciden con la fecha de la firma de un crédito por $2,700 millones de pesos que otorgó Banorte al Estado de Coahuila. La contratación de este crédito en particular fue importante, pues marca el momento en el que el Gobierno de Coahuila sobrepasó por primera vez el monto máximo de endeudamiento autorizado por el Congreso en 2008, provocando que tanto Fitch Ratings como Standard and Poor's bajaran casi de inmediato la calificación crediticia del estado. Humberto Moreira ganó margen financiero para venderse como el gran transformador del estado y los banqueros obtuvieron un jugoso negocio. ¿Quizá alguno pagó una comisión al oficioso Secretario de Finanzas? Otra posibilidad, quizá relacionada, es que el dinero realmente pertenece a los socios de Villarreal. Después de todo, los expedientes registran que el propio Lorenzo Schuessler declaró ante la Unidad Anti-lavado de JP Morgan que el dinero corresponde a "aportaciones solicitadas por Villarreal a sus socios en México." El propio abogado de Villarreal, Micheal Wynne, argumentó en uno de los juicios civiles que las propiedades fueron adquiridas con dinero de inversionistas. Si así fue, ¿quiénes son los socios millonarios de Villarreal? Sus familiares, que durante décadas administraron una modesta tortillería y un lavado de carros? ¿Jorge Torres, el hombre que en 2008 le pagó de golpe más de $5 millones de pesos? ¿Humberto Moreira, el único otro funcionario que podía autorizar la entrada y salida de millones de pesos del erario coahuilense, y a quien el padre de Javier Villarreal hoy acusa como "el único autor de todo"? ¿Los señores de la droga?
Sea cual sea la explicación de los millones de Jorge Torres y Javier Villarreal en Estados Unidos, llama la atención la pasividad del Gobierno de Coahuila ante una lista tan larga de hechos posiblemente constitutivos de delito. De este lado se nos pide confiar en un apresurado deslinde de banqueta. Según resumió Jesús Ochoa, Secretario de Finanzas en 2013, "no hay evidencia de que del Gobierno de Coahuila haya salido ese dinero" y "¿cómo reclamo algo que no me consta que es mío?" En cambio las autoridades del otro lado identifican prestanombres y presentan listas de propiedades, números de cuenta y fechas de transacciones para respaldar sus dichos. Acá pasan los meses y seguimos discutiendo la integración de una comisión investigadora que el Gobernador prometió desde noviembre. Allá en cuestión de semanas integran expedientes, acumulan pruebas, capturan a Villarreal y fijan fecha para el fin del juicio. Acá el procurador descarta todas las hipótesis reduciendo el "Moreirazo" a un asunto de la falsificación de firmas, que en todo caso ocurrió meses después de que Torres y Villarreal colocaran sus millones en el extranjero. Allá los fiscales exploran todas las hipótesis para explicar como funcionarios con salarios relativamente modestos pueden acumular tanta riqueza. Si las cosas siguen como van, los juicios relacionados con el "Moreirazo" en Texas y en México seguirán dando de que hablar, pero por las razones opuestas.
No tiene por qué ser así. El Procurador de Coahuila declaró en septiembre que está dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas, pero únicamente si estas lo solicitan. Perdóneme Señor Procurador, pero si los principales interesados en conocer la verdad y deslindar responsabilidades somos nosotros, ¿no debería adoptar una actitud más proactiva para coordinar esfuerzos? ¿Por qué no solicita interrogar a Villarreal u ofrece intercambiar notas con sus colegas sobre las actividades y negocios de Torres? Rubén Moreira declaró en febrero de este año que no le corresponde investigar a Javier Villarreal. Perdóneme Señor Gobernador, pero ¿cómo puede corresponder más este asunto a las autoridades texanas que a las coahuilenses? ¿Por qué no demuestra su compromiso con la legalidad, su independencia política y su carácter de estadista? ¿Por qué no nos ofrece señales claras y contundentes de que en Coahuila la búsqueda de la justicia no reconoce fronteras ni parentescos?
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