Desde tiempos remotos las actividades humanas han alterado el ambiente, particularmente cuando se basan en el uso de los recursos naturales disponibles; pero existe una diferencia sustancial entre el uso y el abuso que se hace del agua, el suelo, la biodiversidad, la energía y el mismo aire atmosférico, y esa diferencia está marcada por las formas de uso, puesto que tales recursos son bienes comunes que a través de la historia algunas personas o grupos de personas se han apropiado de ellos cuando las leyes, las políticas públicas o los sistemas económicos, les permiten convertir el uso en abuso.
Es el caso de México, cuando desde la conquista española se permitió la concentración sinfín de esos recursos, incluso, el llamado "repartimiento" de la población indígena, basados en el antinatural y antihumano derecho de conquista, que finalmente provocó su casi exterminio. Los extensos latifundios, estancias y minas concentrados por ese infame derecho de conquista, otrora mérito y distinción de estatus social, crearon una sociedad de castas que vistos hoy, a la luz de los derechos humanos, son absurdos de esa historia.
Si bien saquearon minas y campos para mantener aristocracias parásitas en la península Ibérica, el derecho de conquista convirtió el uso en abuso, y donde a pesar de la supresión del yugo colonial con la independencia del país, el ciclo se repite, neciamente y contra el propio curso de la historia humana, durante el porfiriarto y, tal parece, nuevamente está sucediendo en la época actual, la del neoliberalismo.
Para muestra basta referirse a la situación del agua, recurso fundamental para sostener ecosistemas naturales, impulsar el desarrollo económico y abastecer a la población, el cual, a pesar de que jurídicamente es considerado un bien público, "propiedad de la nación" como dice la Constitución Política de México, se está convirtiendo en un bien privado, desde hace tres décadas cada vez más se concentra en pocas manos.
Un ejemplo de lo anterior ocurre en la Comarca Lagunera, región privilegiada en el norte del país, que dispone de considerables volúmenes a diferencia de otras regiones dentro de esas extensas superficies áridas, pero donde aún la población humana no puede acceder a ella en cantidad y, sobre todo, en calidad suficiente, porque este bien común se ha concentrado en un selecto y privilegiado grupo de empresarios agroganaderos que se han apropiado de la mayor parte de las concesiones y volúmenes disponibles, tanto del agua superficial como subterránea.
Si bien existen registros de las concesiones, sobre el número y volúmenes asignados, éstos no son del todo confiables, ni existen tampoco, los estudios precisos y actualizados que denoten la situación que guardan esas concesiones y volúmenes; de hecho, los usos y abusos que se hacen del recurso han podido ser ocultados a pesar de las restricciones legales y administrativas, o protegidos al amparo del poder político y económico, sino habrá que dar respuesta a algunos de los ejemplos conocidos.
En esta región se dispone de dos fuentes básicas de agua: por un lado, las aguas superficiales que fluyen por los ríos Nazas y Aguanaval, concesionadas en un cien por ciento para uso agrícola, en teoría a 30,898 usuarios ejidales y 2,260 usuarios privados integrados en veinte asociaciones de usuarios dentro del Distrito de Riego 017.
La asignación de estos volúmenes para uso agrícola es común en la mayor parte de los países del planeta, sólo menor en los industrializados que concentran densas poblaciones urbanas, donde representan entre el 70 y 80 por ciernto del agua disponible, concesionados en su totalidad a los agricultores; en la práctica podríamos afirmar a pesar de la ausencia de datos públicos puntuales, es conocido en cada asociación de usuarios que más del 50 por ciento de esos volúmenes están monopolizados por el segmento de grandes usuarios, quienes las han acaparado mediante formas de enajenación legal como rentas o aparcerías, aunque las hay mediante compra de derechos, algo que legalmente no está aun claramente definido.
Por el otro lado, las aguas subterráneas localizadas en ocho acuíferos subterráneos, entre los cuales destaca el Granular Principal, el que subyace a la gran planicie donde se encuentra la mayor parte del área agrícola bajo riego (compartida con aquella que se riega con aguas superficiales) y las zonas urbanas con mayor densidad poblacional, particularmente la llamada zona metropolitana, esta última con el 80 por ciento del total de habitantes de la región.
De los volúmenes extraídos, tan sólo del acuífero granular principal, el 84 por ciento se ha concesionado para uso agrícola que se extrae a través de cerca de 3,000 pozos, hoy también concentrados por el segmento de grandes productores. Tal monopolio privado del agua ha implicado un uso inadecuado del recurso, puesto que las actividades que se realizan con base a él están presionando severamente este cuerpo de agua dulce al sobreexplotarlo y contaminarlo, y con ello están impidiendo que se cree la mejor reserva futura de agua para la población u otras actividades menos demandantes de ella.
Visto lo anterior, el uso del agua en La Laguna se ha convertido en un abuso, su privatización monopólica ha propiciado la concentración del recurso, otrora bien común, porque ya no parece serlo, que si bien pone a esta región como ejemplo de éxito económico en actividades como la producción de leche y lácteos, a la vez resulta dudoso que también lo sea a nivel social y ambiental.
