Si alguien pensó que el fallecido Pacto por México sería un platillo suculento para la democratización del país, sólo hubo que esperar las leyes secundarias para saber que la historia sería muy diferente. De regreso a la realidad nos encontramos con los movimientos fríos del poder que marcan un modelo de comunicación regresivo, de control y abiertamente anticonstitucional, porque los avances que se lograron en la reforma constitucional prácticamente desaparecieron en la ley secundaria que propone Peña Nieto. Este es el motivo que da razón y sentido al recién creado Frente por la Comunicación Democrática.
Muy poco duró el gusto de pensar que ahora sí habría una institución reguladora autónoma, una mejor estructura para los medios públicos y comunitarios, una garantía firme de derechos básicos, acceso a tecnologías. Ahora sabemos que no es así, que la iniciativa es contraria a los derechos humanos según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), así como a diversos tratados internacionales que México ha suscrito. De la misma forma, la iniciativa de Peña Nieto atenta contra libertades básicas y se propone el establecimiento de mecanismos de censura (Artículo 197, fracción VII, en donde se quiere bloquear servicios de telecomunicaciones). Se violentan los estándares internacionales de libertad de expresión y de Internet, tanto de la ONU, como de la CIDH.
De manera burda se debilita al recién creado Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) y se invaden sus facultades, para lo cual se le quiere controlar desde el Gobierno federal. El propio IFT establece una crítica a varias de las disposiciones: sobre el otorgamiento de concesiones, que deben quedar bajo la regulación del organismo autónomo. De la misma forma, se pide flexibilidad para atender a las concesiones de uso social y para los medios públicos. Y así siguen las 16 peticiones que hace el IFT a los senadores.
Hay coincidencias importantes entre el IFT y la OCDE sobre la necesidad de tener reglas flexibles. El organismo internacional señala que "existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse (…) El prescribir detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente" (El Universal, 8/IV/2014). Unos días después la misma OCDE emitió otro comunicado en donde se apoya la ley y se habla de sus virtudes. ¿Habrá habido alguna negociación entre el secretario general y el gobierno?
La iniciativa ni siquiera marca una política general de regulación, porque mientras establece normas al sector de telecomunicaciones, deja mucho más suelto, con privilegios, al sector de la televisión. Además, según se lee en la convocatoria del Frente, la ley "ignora por completo los lineamientos establecidos en la reforma constitucional para impulsar un sistema de medios públicos democrático (…) invade esferas de la materia electoral (…) y pospone la transición a la Televisión Digital Terrestre".
El camino de la democratización del país en ningún momento ha estado libre de obstáculos. El sistema de comunicación es básico para construir ciudadanía, no sólo por la garantía de derechos, sino también por la formación de un espectro abierto y plural, en donde entren todas las voces y posiciones. Mientras sigamos con el duopolio televisivo como la principal oferta comunicativa, el país continuará en la precariedad de contenidos.
La regresión de la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión es grave. Estamos en un momento que definirá si tenemos un modelo democrático o una simulación. La opción es entre respetar la autonomía del IFT, garantizar los derechos de las audiencias, regular de forma pareja al sector, desarrollar los medios públicos y comunitarios, contrapeso necesario, o quedarnos con la propuesta de Peña Nieto. De ese tamaño es la lucha que dará el Frente por la Comunicación Democrática…
@AzizNassif
(Investigador del CIESAS)
