El reo mexicano Ramiro Hernández Llanas, ejecutado hoy por la justicia de Texas, aprovechó su última declaración para ofrecer disculpas a la familia del profesor universitario al que asesinó el 15 de octubre de 1997.
“Pido perdón a la familia de mi jefe”, dijo el tamaulipeco de 44 años, sentenciado a muerte por el asesinato del ranchero y profesor Glen Lich en su propiedad del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio.
La ejecución, en la prisión de Huntsville, fue atestiguada por Stephen Lich Tyler, hijo Glen Lich, y también por dos hermanos de Hernández Llanas, José y Adelita, además de sus amigos Roberto Ramírez Faz y Sheri Lynn Johnson.
“Estoy buscando a un ángel de Dios”, mencionó Hernández Llanas en español, en su declaración final que duró casi cinco minutos y luego de la cual levantó su cabeza y mandó besos a sus hermanos.
El mexicano, quien dijo irse en paz, recibió enseguida la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:28 horas locales (23:28 GMT).
Hernández Llanas pidió a su familia que su cuerpo fuera trasladado y sepultado en Nuevo Laredo, lo que se efectuará en los próximos días con la ayuda de funcionarios consulares mexicanos.
A lo largo del proceso de ejecución, afuera de la prisión unos 20 opositores a la pena de muerte se manifestaron gritando consignas y portando pancartas.
Con este caso suman 10 los mexicanos ejecutados en Estados Unidos desde que el país reactivó la pena de muerte en 1976.
Hernández Llanas es el segundo mexicano ejecutado en lo que va de 2014, luego del morelense Edgar Tamayo Arias el pasado 22 de enero.
La ejecución contravino una serie de condiciones que, de acuerdo con organismos internacionales, hacían a Hernández Llanas inelegible para el castigo capital.
Los abogados de Hernández Llanas argumentaron sin éxito que el reo padecía de sus facultades mentales, al registrar un coeficiente intelectual menor a 70 puntos, y sostenían que había recibido una defensa deficiente en el juicio en que fue sentenciado a muerte.
Con esta ejecución el gobierno de Texas rechazó una vez más acatar la petición formulada en 2004 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de suspender la ejecución de un grupo de mexicanos hasta que sus casos fueran revisados de nuevo.
La corte internacional dictaminó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963, al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
Texas había ya antes ignorado el dictamen de la CIJ con las ejecuciones de los mexicanos Edgar Tamayo Arias en enero pasado, José Ernesto Medellín en agosto de 2008 y Humberto Leal en junio de 2011.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos no seguir adelante con la ejecución de Hernández Llanas y advirtió que llevarla a cabo contravendría gravemente sus obligaciones jurídicas internacionales.
Amnistía Internacional pidió al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución al exponer evidencias de que el reo padecía de discapacidad mental y no era elegible para el castigo capital.
La ejecución de Hernández Llanas se realizó en medio de la polémica por la procedencia de la inyección letal, pues el gobierno de Texas se negó a revelar el nombre de su proveedor.
