La organización Amnistía Internacional (AI) llamó al gobernador de Texas, Rick Perry, a detener la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, mexicano condenado a la pena de muerte, cuya sentencia está programada para las 18:00 horas del próximo miércoles.
De acuerdo con la organización internacional, el connacional sufre discapacidad mental, además de que las autoridades de ese estado de la Unión Americana lo sentenciaron con base a estereotipos raciales y opiniones de testigos expertos que han sido acreditados.
“El gobernador Perry no tiene ninguna justificación para negarse a ejercer esta facultad. Es evidente que Ramiro enfrenta a la muerte debido a un proceso basado en testimonios de mala calidad”, expresó Rob Freer, investigador de AI en Estados Unidos.
Ramiro Hernández Llanas fue sentenciado a muerte por el homicidio de su empleador, Glen Lich, ocurrido el 14 de octubre de 1997.
En un comunicado, AI recordó que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó la víspera el indulto al mexicano, por lo que ahora corresponde a Perry la única esperanza “para prevenir esta atrocidad”.
En el juicio efectuado en el año 2000, la fiscalía estadounidense utilizó el testimonio del psiquiatra James Grigson para refutar las opiniones de expertos presentados por la defensa, a pesar de que éste nunca había examinado a Ramiro Hernández Llanas.
“El testimonio de Grigson ha sido desacreditado en los últimos años por sus colegas, quienes incluso utilizaron el término ´ciencia basura´ para describirlo, Gibson fue reprendido y luego expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría”, recordó.
De acuerdo con Rob Freer, la sentencia se basa en las afirmaciones del especialista de que el mexicano es un “psicópata que suponía un peligro para otros reclusos”.
Además en 2008, el psiquiatra Richard Coons se presentó por el estado en una audiencia para refutar el argumento de la defensa que señalaba el “retraso mental” de Hernández Llanas, lo que volvería en la ilegalidad la ejecución.
Sin embargo, este especialista además de no haber conocido al mexicano, a ninguna persona que haya tenido contacto con él, no habla español y afirmó que la conducta del prisionero era apropiada para “el grupo cultural al que pertenecía”.
“Creemos que la pena de muerte nunca será igual a la justicia, pero hasta las personas que proponen las ejecuciones deben ver la injusticia de una condena a muerte después de presentar ese aberrante testimonio”, detalló Freer.
En este sentido la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo pidió la intervención de la Corte en este caso, sin embargo obtuvo una respuesta negativa.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó medidas precautorias para llamar a Estados Unidos a detener la ejecución, por lo que de seguir adelante con la sentencia, este país “estaría violando seriamente a sus obligaciones de derecho internacional”.
