La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia Mendoza Díaz se pronunció por que en las leyes estatales se incluya la protección del ejercicio del periodismo, desde una perspectiva de derechos humanos.
También, pidió crear instancias de protección cautelar para el ejercicio informativo, así como fiscalías especializadas para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en cada una de las entidades federativas.
Por ello, presentó un punto de acuerdo para solicitar a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, que cumplan con los compromisos derivados de la firma del Convenio de Cooperación para la Implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En particular, solicitó al gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, que concrete lo dispuesto en la Ley Estatal para la Protección del Ejercicio del Periodismo de ese estado, y constituya e instale el Comité Estatal de Protección al Periodismo.
“Los alarmantes datos sobre agresiones a periodistas que distintas organizaciones no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos han documentado devienen en nugatorios de los derechos a la libertad de expresión e imprenta.
“Con datos de la Recomendación General 20, de la CNDH, se estima que de 2000 a 2013 se iniciaron 145 averiguaciones previas por agresiones a periodistas, donde un 89 por ciento de ellas quedaron impunes”, resaltó la senadora potosina.
Recordó que sólo Baja California, Colima, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Veracruz y San Luis Potosí han creado leyes que protegen el ejercicio del periodismo desde una perspectiva de derechos y salvaguarda, y no desde un punto de vista estrictamente inquisitivo.
Incluso en el ámbito federal, agregó, la eficacia de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha sido duramente cuestionada por su falta de resultados.
“Esto puede deberse a que las entidades federativas donde ocurren las agresiones no se han ocupado de participar en un modelo proactivo y preventivo, al que además están obligadas debido a la firma del Convenio de Cooperación para la Implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por parte de prácticamente la totalidad de ellas”
Lo que preocupa, agregó, es que sus instituciones de procuración de justicia adolecen de un órgano que se especialice en la investigación de este tipo de ilícitos.
Consideró que en la actualidad, ante un escenario nacional de alta incidencia de agresiones en algunas entidades federativas, y uno de irrupción significativa reciente en algunas otras, entre San Luis Potosí, donde ha habido cinco casos que han ameritado investigación.
Es muy importante que los gobiernos locales, dijo, asuman su responsabilidad en la protección de los comunicadores y salvaguarda de sus derechos humanos.
“Creo firmemente que la libertad de prensa es una condición imprescindible de la sociedad democrática que estamos construyendo”, concluyó Mendoza Díaz.
