La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer que los estados carecen de facultades para legislar o ejecutar el arraigo de presuntos delincuentes.
Con ocho votos a favor y dos en contra, el pleno de la Corte declaró la invalidez de una reforma de 2012 al Código Penal de Aguascalientes, en la que se estableció el arraigo durante la investigación de delitos graves.
La mayoría de los ministros consideró que, a partir de la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008, el arraigo sólo es aplicable en casos de delincuencia organizada, y que esta materia está reservada en exclusiva a la Federación.
Los ministros Margarita Luna y Luis María Aguilar dijeron que, para ellos, sí pueden seguir vigentes las leyes locales que prevén la figura del arraigo, siempre y cuando ya existieran antes de junio de 2008.
En contraste, los ministros restantes optaron por una postura más radical, según la cual simplemente todo código que contemple el arraigo es inconstitucional.
Cinco estados, entre ellos Coahuila, han eliminado la figura del arraigo. Aún quedan dudas en los casos de entidades donde es vigente.
