Ante la negativa de que la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar a ex funcionarios del sexenio pasado por su presunta responsabilidad en el secuestro del empresario Eduardo García Valseca, éste presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) previó a exhibir otra contra el gobierno de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En conferencia de prensa, el empresario afirmó que acudió a la CNDH tras considerar que el gobierno de México simula aplicar la justicia, ya que la Coordinación Nacional Antisecuestros de la PGR se negó a tomar su caso.
García Valseca fue secuestrado de junio de 2007 a enero de 2008 y en abril del año pasado el empresario presentó una denuncia ante la PGR en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública; Facundo Rosas ex comisionado de la Policía Federal y Benito Roa, director general de Secuestro de la Policía Federal.
En la conferencia José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, quien asesora legalmente a García Valseca, resaltó la inmovilidad de las autoridades mexicanas en el caso del secuestro del empresario.
Al respecto, crítico que el gobierno actual no haya investigado la denuncia ni acusado penalmente a los responsables del secuestro del empresario, quien junto con Ortega aseguraron que la política actual contra el secuestro favorece la impunidad de los secuestradores y es un atropello a los derechos de las víctimas.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal consideró que la Coordinación Nacional Antisecuestro tiene tres aspectos que ponen en duda su credibilidad: le negativa del gobierno actual de esclarecer el plagio de García Valseca, ausencia de cifras veraces sobre la incidencia del delito y el enfoque reactivo que carece de estrategia.
La organización detalló que la negativa de la PGR de tomar la denuncia del empresario García Valseca viola los artículo 10, 18, 19, 20 y 73 de la Ley general de víctimas que fue aprobada el año pasado.
García Valseca denunció en abril de 2013 ante la PGR que los tres ex funcionarios federales, de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, alteraron el expediente de su caso y no investigaron a los responsables de su secuestro.
