Docentes. Puede ser que algunos estados no realicen el examen de ingreso y hacen que continúe la asignación de forma tradicional.
Al arrancar la evaluación de maestros en México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los secretarios de educación del país advirtieron que existen 86 "eventuales riesgos" en el concurso de plazas, entre ellos, que algunos estados no realicen el examen de ingreso, y hacer que continúe la asignación de forma "tradicional" (venta o herencia) de los puesto que quedan vacantes a lo largo del ciclo escolar.
Asegura que puede haber "arreglos" con los sindicatos o que existan huelgas o juicios laborales por las plazas vacantes.
Al dar a conocer el plan de la reforma educativa en su primera etapa, con la Ley del Servicio Profesional Docente, el INEE señaló que también se corre el riesgo de que los candidatos presenten documentación "apócrifa o falsa". Alerta que puede haber arreglos con los sindicatos (el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o los estatales), fuera de lo que establece la Ley para la asignación de los puestos de trabajar que se van quedando vacantes a lo largo del ciclo escolar.
En el listado también considera como un riesgo el que la cantidad de maestros aceptados sea menor al de plazas disponibles; o bien, que se genere incertidumbre al personal que hoy trabaja de forma temporal, por contratos semestrales o instructores.
La reunión (realizada el 6 de febrero) en la que participaron los secretarios de educación, sirvió para identificar los riesgos en la asignación de plazas para el ingreso al sistema educativo, sobre la aplicación de la prueba, la adjudicación de plazas y la formación continua.
Otro riesgo es, por ejemplo, el hecho de que las plazas vacantes consideradas por los sindicatos como propias pueden no someterse a concurso junto con las nuevas plazas, entre otras cosas por considerar plaza automática a egresados de normales en algunos estados.
Las acciones de mitigación incluyen privilegiar el diálogo entre autoridades federales o estatales y garantizar que los tiempos de examen, sus procesos y sus consecuencias estén coordinados entre la federación y los estados.
