Digno de una serie de televisión, de pronto, el otrora zar de las finanzas de la endeudada y moreiriana provincia coahuilteca, Javier Villarreal, se entregó a las autoridades gringas en una garita de la frontera de ElPaso, Texas, lo cual obliga a pensar que don Javier vivía en la fantástica República Mexicana. Pero no vaya a creer usted, amigo lector, que don Javier cayó producto de la ardua labor de inteligencia de las autoridades ministeriales coahuilenses o de la incansable búsqueda iniciada por la Procuraduría de la República por la falsificación de documentos oficiales, entre los que se incluyen decretos del Congreso de Coahuila, para contrata rcréditos por, al menos, cinco mil millones de pesillos.
No, la entrega de Villarreal se da como producto de las investigaciones (de verdad) que el gobierno gringo lleva a cabo por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y hasta narcotráfico. ¿Será que don Javier se sintió cercado por las autoridades del imperio americano y optó por proferir el clásico “ahí muere”? ¿Será que ha alcanzado un nivel de entendimiento con el gobierno gringo con el que estaría dispuesto a colaborar para obtener una pena menor a la de 20 años que le espera en caso de ser encontrado culpable? O ¿será que el manejador plenipotenciario de los dineros en el sexenio de Humberto Moreira simplemente se cansó de huir? En cualquiera de los casos, esta truculenta trama va a seguir dando motivo para charlas y cuchicheos, ya que a raíz de la entrega de Villarreal podrían empezar a aparecer las piezas que faltan de este rompecabezas. Por ejemplo: ¿quiénes son los presuntos cómplices del extesorero? ¿Para quién supuestamente lavaba el dinero? ¿Hasta qué esferas del gobierno alcanza la responsabilidad? ¿Qué pasó con los 18 mil millones de pesos no justificados de la deuda? ¿Dónde está Jorge Torres, prófugo de la justicia? Y, sobre todo, ¿qué tanto sabían el “Profe” Moreira y su hermano de las travesurotas de don Javier? Pase lo que pase, por sus implicaciones políticas, este caso es un as a la vista para el Tío Sam que, dicen los amantes de las suspicacias, podría usar en cualquier negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con todo y portada del Time. Acomódese, pues, en su butaca y apunte la mirada hacia los Estados Unidos, porque a estas alturas es claro que sólo de allá vendrán las novedades, mejor que cualquier serie o película de Hollywood.
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Como usted recordará, hablamos en la correspondencia inmediata anterior de cómo al gobierno del preciso Enrique Peña Nieto se le hizo bolas el engrudo con el caso de la “chamaqueda” que le dieron al supercomisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Pues el gobierno de Coahuila no se quiso quedar atrás, pero en este caso se trató de un “autochamaqueo”. Y es que, primero, la Procuraduría de Justicia anunció con bombo y platillo un “operativo masivo” de búsqueda de personas no localizadas en el norte de la provincia. Luego de diez días, la Subprocuraduría especializada en ese tema, a cargo de Juan José Yáñez, presumió los resultados del operativo: el hallazgo de 500 restos humanos en fosas localizadas en once municipios. Aunque es difícil aún saber de cuántas personas estamos hablando, la cifra por sí misma llamó la atención de la opinión pública nacional al nivel casi del escándalo. Además, los familiares de ciudadanos desaparecidos denunciaron varias irregularidades en el mentado operativo y las cosas se pusieron color de hormiga para el subprocurador Yáñez. Con la bola de nieve encima, tuvo que salir el gobernador Rubén Moreira a tratar de enmendar la plana minimizando el hallazgo con tal de calmar un poco las turbulentas aguas. Así que, por andar presumiendo, se hicieron el harakiri y mejor ya no quieren hablar del tema. Así de fácil...
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Ya que tocamos casos polémicos, casi de telenovela, donde hay que colocar la lupa es sobre los argumentos del alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, del grupo Participación Ciudadana 29 y del contador Rafael Saavedra luego de las revelaciones que hizo el primero contra los segundos, acusados de “querer sangrar al Simas”. Pero antes, hay que convenir en varios puntos, digo, para irnos entendiendo: primero, que, como se ha constatado fehacientemente por los malos olores que despide, el sistema de aguas de Torreón es una cloaca que ha sido usada discrecionalmente para todo tipo de manejos políticos, desde “caja chica” (que de chica no tiene nada) hasta agencia de colocación; y segundo, que en la asociación civil Participación Ciudadana 29 hay gente de renombre e intachable prestigio. Pero, y aquí empiezan los peros, hay un contrato de 1.5 millones de pesillos entre la empresa de don Rafael y el ayuntamiento para aplicar una auditoría al sistema ¡por asignación directa! Dicho contrato se firmó con integrantes de PC 29 como testigos un mes antes de que culminara la administración de Eduardo Olmos, que, dicen los que saben, en vez de asignar directamente debió concursar. Y de los peros pasamos a las interrogantes que ya lanzan los más avezados espectadores de la cosa pública municipal: si lo que se pide es transparencia ¿no es una licitación el único método que la consigue? Si Participación Ciudadana 29 estuvo presente en el acto, ¿no legitima el chanchullo con ello? En el caso del contador Saavedra, como empresario que es, obviamente va a querer vender sus servicios, nada de malo hay en ello, pero ¿acaso no le entraron dudas al firmar un contrato con una administración que iba de salida? Si el mismísimo Belcebú le ofreciera un contrato ¿seguiría adelante? O ¿es mayor su avaricia que su sensatez? Pero don Miguel no sale tan bien librado de este asunto como quieren hacer ver sus apologistas. De entrada, hay que cuestionar su congruencia, ya que por una parte denuesta y exhibe a la asociación civil, pero nada dice de las irregularidades de la pasada administración, culpable de muchos de los males del Simas ¿Se vale ver sólo la mitad? Al final lo que a todas luces parece es que a PC 29 le pusieron un cuatro e ingenuamente se prestó a la maniobra, la ambición del empresario lo hizo caer y sí, también terminaron “chamaqueados”. En cuanto a Riquelme, va develándose en toda su dimensión la estrategia romana de “quien no está conmigo, está contra mí”. Más claro ni el agua (pero no la de Simas).
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En el abstracto asunto de la transparencia municipal, parece que el actual ayuntamiento de Torreón pretende adoptar como mascota a un alebrije de dinosaurio con cangrejo. Y es que en vez de andar hacia adelante, parece caminar hacia atrás hasta los tiempos en que, bajo la sombra del régimen de partido de Estado, las decisiones de la vida pública se tomaban en lo oscurito. Y es que nuestros subagentes disfrazados de afanadores nos informan que las dos síndicas del ayuntamiento, Cristina Gómez, del PRI y Gabriela Casale, del PAN, se pusieron de acuerdo para restringir el acceso al público y la prensa a las reuniones de las comisiones del Cabildo. El argumento que esgrimen es que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Torreón sólo especifica que las sesiones del pleno del Cabildo deben ser públicas y que nada dice respecto a las reuniones de las comisiones. Entonces, valiéndose de este resquicio de la ley, las síndicas justifican que estas sesiones sean en lo oscurito. La pregunta surge en automático de la boca de los malpensados: ¿pues qué temas van a tratar los ediles que no quieren que la ciudadanía conozca?
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A propósito de comisiones y Cabildo, ya salió el peine (con gel) sobre la sorpresiva postura opositora que asumió el primer regidor Miguel Mery con el tesorero Enrique Mota en la reunión de la comisión de Hacienda de la semana pasada. El “agarrón” fue porque el guardián de las arcas presentó el avance de gestión financiera del último trimestre de 2013 primero a la Auditoría Superior del Estado que al propio Cabildo. Este diferendo, además de ser uno de los temas más comentados en los corrillos del flamante bodrio, perdón, palacio municipal, ha despertado sospechas sobre la momentánea adhesión de don Miguel a la bancada del PAN. Y es que las lenguas viperinas esparcen la especie de que el regidor priista, buscó de dos beneficios: primero, decir aquí estoy y llamar la atención de reflectores, y segundo, presionar al tesorero Mota para que le cumpla algunos “caprichitos’’ en los que hasta ahora no ha cedido. Dichos “caprichitos” serían algunas prebendas para las personas integrantes de su equipo de asesores. Por lo visto, don Miguel y don Enrique no se van a llevar muy bien que digamos.
