La Cámara de Diputados aprobó, con 441 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con la que se incrementan las sanciones y se impone cárcel para quien simule un plagio.
El dictamen, que fue enviado al Senado, reforma los artículos 13 y 14 de esa ley, impone de 200 a 700 jornadas de trabajo y de tres a seis años de prisión al que simule por sí o por intervención de otra persona, la privación de su libertad.
En la actualidad sólo se contemplaban penas de hasta 100 jornadas de trabajo por este delito.
En el artículo 14 de la misma ley, se especifica que se impondrán de tres a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir beneficio económico, causarle daño, u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera.
Este dictamen surge de una iniciativa que presentó el diputado Humberto Armando Prieto Herrera (PAN) el pasado 31 de julio y detalla que la sociedad ha sido testigo de casos donde algunas personas han simulado el delito de secuestro con la finalidad de obtener recursos económicos de sus familiares o amigos, lo que significa para ellos angustia y desesperación por conseguir los rescates que deben entregar a los supuestos delincuentes.
'NEGOCIO' REDITUABLE
Por ello, al proponer una sanción mayor para quienes cometan dicha simulación, se evita repetir y obstaculizar la comisión del acto, así como evitar que se sigan efectuando sin tener un freno en la legislación que disuada a quienes piensan realizarlo.
Operativas, 4 unidades antiplagio
A pesar de que desde 2008 los gobiernos estatales se comprometieron a crear las Unidades Especializadas en Combate al Delito de Secuestro (UECS), sólo cuatro entidades cumplen con los estándares que las hacen operativas, además de la unidad del Gobierno federal.
En diez estados existen las mayores deficiencias, entre ellos Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, que encabezan la lista con más denuncias en este delito: no tienen instalaciones adecuadas, existe escasa inversión de fondos, les falta tanto equipo tecnológico como personal especializado y evaluado.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, ofreció dicho diagnóstico sobre las unidades, que revela el fracaso de esta estrategia a casi seis años de su implementación y a pesar de que desde 2011 la ley en la materia obliga a los estados a tener estas áreas. En los hechos, de las 33 que debieran operar en el país, sólo 15% funciona de forma óptima.
