La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales implica numerosos ajustes a la gestión, normatividad, perfil e infraestructura de las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Así lo advirtió la especialista Diana Cristal González Obregón, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de la Procuraduría General de la República (PGR).
"Es importante que se aprueben otras leyes para poder tener las ventajas y el impacto positivo de este ordenamiento. Por ejemplo una Ley de Justicia Alternativa, que también se busca que sea única en el País. "Los estados deben adecuar sus leyes secundarias, sus leyes orgánicas, para armonizar los contenidos", dijo.
El 5 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del nuevo código, cuyo contenido aplicará en los ámbitos federal y fuero común, y permitirá aterrizar la reforma constitucional penal de 2008.
La Cámara determinó -en los transitorios- que el código entre en vigor de manera gradual, a más tardar el 18 de junio de 2016.
En entrevista, la también académica y capacitadora en juicios orales, consideró que el código único obliga a los estados no sólo a homologar el procedimiento penal, sino también a llevar a cabo un exhaustivo plan de capacitación y difusión.
