Tras meses de intensa violencia por la lucha entre las autodefensas y los narcotraficantes, los habitantes de la Tierra Caliente michoacana tratan de volver a la normalidad en medio de un fuerte despliegue militar que intenta restaurar la paz.
"Ahora está todo mucho más tranquilo" desde que el Gobierno mexicano inició hace tres semanas un vasto operativo para recuperar el control, asegura a Efe por teléfono un comerciante del municipio de Apatzingán, bastión del cártel de Los Caballeros Templarios.
Todavía con el miedo que reinó durante meses y que hacía que "casi a diario" tuviera que cerrar su negocio, este comerciante prefiere mantener el anonimato al hablar de esos tiempos oscuros en los que la ciudad se convertía en "un fantasma" en cuanto llegaban rumores.
Meses atrás varios grupos de ciudadanos se levantaron en armas y la violencia se recrudeció; comenzó la quema de negocios, los robos... El entierro de su suegra, que murió en uno de los tres asaltos que sufrió su joyería.
"Nadie te sabía decir nada, las autoridades estaban rebasadas.
Uno asume que son los grupos que están rigiendo la región", los odiados y temidos 'templarios', comenta.
Desde su restaurante del municipio de Buenavista Tomatlán, uno de los primeros que se levantó en armas, René Quintero también respira más tranquilo ahora en su negocio, en el que antes comían desafiantes muchos de esos templarios.
Atrás quedaron los tiempos de las cuotas: los comerciantes pagaban al cártel 5.000 pesos (376 dólares) por negocio, los recolectores de limón tres pesos por caja, los productores de tortillas dos pesos por kilo, los carniceros tres pesos por kilo...
"¡Uno tenía que pagar mil pesos (75 dólares) si querías tener una rockola en su bar! ¿Cómo no se iba a hartar la gente de esta situación?", apunta.
Cada mes pasaban por los negocios "dos o tres personas a cobrarte el derecho de piso". "Estaba todo bien organizado y estructurado para hacer los cobros".
Por eso no tiene ninguna duda de decir que está "al cien por ciento con las autodefensas", hasta el punto de que ahora es a ellas a quienes les paga la cuota, no por obligación, sino voluntariamente.
Los comerciantes llegaron al acuerdo de dar el dinero que antes iba a los delincuentes a las autodefensas, a todos esos que dejaron su trabajo para poner fin al miedo generalizado.
Entre ellos está Cornelio Naranjo, quien a sus 62 años cuenta que lo dejó todo y estuvo 10 meses y dos semanas en "el frente", pero ya sus huesos cansados dijeron basta, aunque sigue colaborando como miembro del comité ciudadano.
Recuerda perfecto el 23 de febrero de 2013, cuando se levantaron en Buenavista, cansados de ver los constantes abusos, muertes, extorsiones, secuestros... de vecinos, amigos y familiares.
"Se los llevaban, pedían el rescate y después se los entregaban muertos, descabezados, desmembrados, después de haber luchado por conseguir el dinero, por lo que se veían con dos problemas, el emocional y el económico", cuenta a Efe.
Empezaron la lucha, dice, "con carabinas de munición, con pistolas de un tiro, unos con garrotes, otros con piedras... un comando de unas 15 o 20 personas sin casi armas, a puro valor mexicano".
Bloquearon puentes y carreteras. Detuvieron. Mataron. Se hicieron con las armas de los delincuentes, esas que un día les habían apuntado.
Así hasta que el Gobierno no tuvo más remedio que actuar y aceptar su fuerza, hasta el punto de que el pasado 27 de enero firmó un acuerdo para que estas agrupaciones armadas se institucionalicen y se incorporen a los cuerpos de defensa rurales.
Esto último, asegura Naranjo, es "una ridiculez" porque muchas de las personas "competentes" que han luchado los están echando atrás "porque tienen la vista corta", o "les falla un ojo" y se están registrando muchos otros que "no sirvieron al pueblo".
Además de las heridas de violencia aún abiertas, reina en la zona otro problema, el económico, pues lugares como Apatzingán han sido fuertemente afectados. En los últimos dos años han cerrado cerca del 40 % de los negocios, explica a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Alabé.
"Primero le pedíamos al Gobierno federal seguridad, la recuperamos, recuperamos el estado de Derecho porque era una situación sin control. El siguiente paso es reconstruir el tejido social", señala.
Ahora asegura confiar plenamente en las autoridades federales y pide al Gobierno que no sean las dependencias locales las que gestionen los programas de reactivación porque "se ha demostrado que estaban coludidas" con el crimen.
Además, quieren un "estado de excepción fiscal" durante un año, para que "el comercio se vuelva a fortalecer" y puedan "salir adelante".
Desde el restaurante de Quintero del que antes se iban los templarios sin pagar, Cornelio Naranjo dice que su lucha solo parte "del valor" y "del deseo de que exista la tranquilidad".
Con más de seis décadas de vida y aunque todo esté ya más tranquilo, asegura que va a luchar hasta el final.
"Yo voy a luchar hasta la última gota de mi sangre si es necesario para que este pueblo vuelva a ser como era", un pueblo "particular" y "tranquilo", en el que la gente paseaba los domingos a la Iglesia.
