Nacional viernes 17 de ene 2014, 7:45am - nota 9 de 63

Busca mando de Coahuila ocultar datos de examen

Por: AGENCIAS/MÉXICO, DF.


Dos altos mandos de las policías estatales de Coahuila y Oaxaca buscan impedir que se den a conocer sus resultados que obtuvieron en el examen de control de confianza.

Y es que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) a proporcionar estos datos.

A través de la interposición de demandas de amparo, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Coahuila, Ricardo Aguirre Cuéllar, y el Subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la SSP de Oaxaca, Ignacio Xavier Villalobos Carranza, quieren evitar que se conozca si resultaron o no aptos para ocupar los cargos que desempeñan.

De acuerdo con las listas de Acuerdos del Poder Judicial, Aguirre Cuéllar tiene a trámite su demanda en el Juzgado Segundo de Distrito de Saltillo, bajo el número de expediente 1245/2013, en tanto que Villalobos Carranza sigue su juicio, 1406/2013, en el Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal.

Los dos mandos interpusieron las demandas y solicitaron suspender la ejecución de la orden instruida por el IFAI, casi un mes después de que el pleno del Instituto resolvió por unanimidad el 23 de octubre de 2013 que la PGR tenía que dar a conocer los resultados de las evaluaciones practicadas a todos los altos mandos de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con el recurso de revisión RDA4093/13, un particular solicitó conocer esa información y la PGR se negó a entregársela argumentando que se trataba de datos personales, los cuales estaban clasificados como confidenciales y determinó cerrarlos por un período de 12 años.

Inconforme con esta respuesta, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, en el que, entre otras cosas, argumentó que la PGR estaba utilizando un criterio distinto respecto de una petición anterior, en la cual solicitó los resultados de las evaluaciones de mandos de Sinaloa, los que, luego de la intervención del Instituto, le habían sido proporcionados.

Al analizar el recurso, la comisionada ponente, María Elena Pérez-Jaén, determinó que si bien se trata de datos personales a los que la ley específicamente les otorga el carácter de confidenciales, en este caso, se trata de servidores públicos, cuya responsabilidad en los cargos que ocupan está condicionada a que resulten aptos en las evaluaciones que se les practican.

Es decir, argumentó, se debe conocer el resultado de su evaluación porque de esa forma la sociedad podría saber si son idóneos para desempeñar los cargos que ocupan.

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