Urge IFAI a poder delimitar cambios

El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Gerardo Laveaga, dijo que la reforma en materia de transparencia permitirá entrar en las finanzas de los estados y municipios, para lo que recomendó celeridad al Poder Legislativo para determinar los límites y alcances.

"En la Ley General de Acceso a la Información (que debe elaborar el Legislativo) se precisará hasta dónde el IFAI entrará a revisar los casos de los municipios y los estados… porque el hecho de que cada estado o municipio sea potencialmente obligado no significa que todos sus casos los vamos a resolver nosotros", afirma en entrevista.

Uno de los principales problemas que enfrenta la transparencia a nivel estatal es la falta de homologación de las legislaciones en la materia, pero con las reformas aprobadas en noviembre pasado por el Congreso de la Unión, Leveaga confía en que los estados actualizarán su normatividad con la Ley Federal de Acceso a la Información.

Además de que el Legislativo -agrega- tendrá que abundar en leyes generales en materia de Protección de Datos Personales y Ley de Archivos para completar la reforma que dio autonomía constitucional y amplió las atribuciones del IFAI.

Al hacer un balance sobre los desafíos que el órgano enfrentará con sus nuevas facultades, el comisionado presidente refiere que uno de ellos es la eventual carga de trabajo que implica la adhesión de nuevos sujetos obligados como el Poder Legislativo, Judicial, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos.

La comisionada Jacqueline Peschard termina su período de siete años dentro del instituto el próximo 9 de enero, lo que dejará al pleno del órgano colegiado con sólo cuatro comisionados.

"Dentro de poco seremos cuatro comisionados, la carga de trabajo será gigante porque vienen sindicatos, partidos políticos, diputados, senadores, Banco de México, Consejo de la Judicatura Federal, muchísimos sujetos obligados".

Otro de los retos es que el derecho del acceso a la información sea conocido en un mayor número de la población, pues actualmente las estadísticas señalan que tres de cada cuatro ciudadanos no conocen al IFAI.

Laveaga comentó que para mejorar el conocimiento de la ciudadanía del instituto y el derecho de acceso a la información, el órgano comenzó una campaña de medios de comunicación para sensibilizar a las personas sobre éste y sobre su derecho a proteger sus datos personales.

Este último derecho, señaló, no es nuevo no sólo entre la población mexicana, ya que tiene tres décadas en todo el mundo.

"La gente empieza a tener conciencia de a quién le pertenecen esos datos, hace 30 años nadie cuestionaba si era válido el que se supiera cuál era mi religión, mi preferencia sexual, mi domicilio.

"Hoy creemos que esos datos son de nosotros y nadie tiene derecho a meterse con ellos y si yo los entrego a una empresa privada o pública, los datos deben ser usados para lo que los di".

El problema, dijo, es cuando se abusa de la información y por ejemplo son entregadas las bases de datos para otros fines, y al dueño de esos datos le llegue información de otro tipo sin el consentimiento de los ciudadanos. "Durante mucho tiempo se ha abusado del manejo de datos personales y justamente uno de los grandes desafíos es tener mucho más rigor a la hora de proteger la información de los usuarios".

A un año del conflicto interno que se ventiló con su elección como presidente del IFAI, Laveaga reconoció que 2013 fue un año difícil para el órgano garante de la transparencia por la crisis institucional que pasó.

Pese a ello, aseguró, que las diferencias entre sus compañeros beneficiaron al instituto y a los propios comisionados porque los obligó a ser más cuidadosos y prudentes a la hora de emitir su voto.

Aseguró que esto no impidió en ningún momento que el IFAI detuviera o suspendiera sus actividades.

Presumió que 2013 fue un excelente año para la transparencia cuando se logró la cifra de un millón de solicitudes de información y sólo 50 mil recursos de revisión de ciudadanos inconformes con las respuestas de los entes públicos.