El Presidente Enrique Peña Nieto cedió a presiones del sector privado con el decreto que suaviza la reforma fiscal, acusaron ayer legisladores del PRD.
"El Ejecutivo se burla del Congreso y, por medio de un decreto, acepta presiones y chantajes de los empresarios, dejando al Congreso colgado de la brocha con lo que había aprobado", aseveró Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados perredistas.
Exigió a Peña Nieto explicar el impacto que tendrá el decreto en los ingresos federales para 2014, calculados en 4.46 billones de pesos.
"El decreto se publica antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal; se debe saber cuánto se les está concediendo a los empresarios", planteó.
En referencia a las facilidades de pago otorgadas por Peña Nieto a las empresas mineras, recordó que fue uno los sectores que más presionó a los legisladores durante la discusión de la reforma fiscal.
La reforma a la Ley Federal de Derechos establece que los titulares de concesiones y asignaciones mineras deberán pagar un derecho especial de 7.5 por ciento por la producción generada, y otro impuesto de 0.5 por ciento por los ingresos que genere la producción de oro, plata y platino.
Peña Nieto decretó que el pago de derechos podrá ser trimestral.
La senadora Dolores Padierna advirtió el regreso del presidencialismo autoritario.
"Se somete al Congreso a la voluntad del Ejecutivo que, mediante decretos, modifica las leyes", explicó.
Cuestionada sobre si al PRD le dieron "atole con el dedo" al aceptar la reforma fiscal, Padierna reconoció que existen legisladores que negocian su voto.
"Hay legisladores que le entran a la componenda y acaban dando voto a cambio de migajas", expuso.
