Algunas organizaciones sociales de corte conservador de México celebraron la reforma aprobada por el Consejo de Ministros de España, en la que se restringen las causales de aborto y se prohíbe la publicidad de las clínicas en las que se realiza esa práctica.
En un comunicado, indicaron que las modificaciones a la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada contemplan que sólo se permitirá el aborto bajo dos supuestos: grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer y que el embarazo sea consecuencia de una violación.
Consideraron que eliminar la posibilidad de que las menores de edad puedan abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores es un avance producto de la presión hecha por la sociedad civil española.
Marisol López, de la organización Sé Mujer, de Veracruz; Patricia López Mancera, del Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer del Instituto Tumben Xchupal, A.C. “Hogar de la Mujer”, en Quintana Roo, consideraron positivo reforzar la protección a la maternidad.
“Una mujer recurre al aborto en una situación de crisis, por lo que si se unen sociedad civil y Estado en reforzar con políticas públicas y leyes que le garanticen acceso a la salud materna antes, durante y después del embarazo, no será necesaria una ley que permita el aborto”, dijo Marisol López.
Además de brindarles oportunidades de empleo, jornadas laborales de medio tiempo, becas de estudio a madres adolescentes, iniciativas que refuercen la paternidad responsable y acompañamiento a la mujer embarazada en situación vulnerable, agregó.
Expuso que la interrupción del embarazo "es visto como un negocio por muchos particulares que sólo ven las ganancias que deja esta práctica sin analizar las consecuencias que tiene para la mujer, pues muchas de ellas son obligadas a padecer en silencio las secuelas post aborto".
Por su parte Patricia López Mancera ponderó que la iniciativa de reforma permita la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso de interrupción del embarazo, tanto en diagnóstico como en intervención.
Para ello, el profesional deberá comunicarlo por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes al empezar a trabajar en él.
