En junio de 1993 publiqué en la revista jurídica de la Universidad Loyola de Los Ángeles, California, un ensayo cuyo título se hubiera traducido al español como México en contemplación del TLC: ¿está abdicando el gobierno la Rectoría del Estado? La pregunta es más pertinente hoy, 20 años después, frente a las modificaciones constitucionales aprobadas en el marco de la Reforma Energética. La "rectoría" mencionada en mi texto era la promovida por Miguel de la Madrid en 1983 para impulsar la "Renovación Moral" de la sociedad. Y la pregunta del título obedecía a que Carlos Salinas de Gortari, preparándose para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, había comenzado a desmantelar el sistema jurídico mexicano para equipararlo al de Estados Unidos.
De la Madrid añadió un capítulo económico a la Constitución y modificó el artículo 25; le otorgó al Estado "la rectoría del desarrollo nacional" para garantizar que este "fortaleciera la soberanía".
Para muchos, con mayor o menor estridencia, la Reforma Energética reduce la soberanía porque convierte a Petróleos Mexicanos -un organismo descentralizado de la administración pública federal, muy arraigado a la historia de México- en una simple "empresa productiva del Estado". Especialmente, cuando esa reforma permite que el antiguo monopolio estatal comparta el petróleo con inversionistas privados nacionales y extranjeros. Es evidente que falta mucho por hacer en el terreno jurídico para aterrizar la reforma, pero en lo económico el propósito es claro: utilizar el petróleo para desencadenar un crecimiento sostenido.
El propósito provocó críticas entre los enemigos de las reformas estructurales, porque recordaron que algunas reformas del pasado, también destinadas a promover desarrollo económico, terminaron en lamentables fracasos, por mala planeación, corrupción o simple ineficiencia administrativa.
La enmienda constitucional promovida por el presidente De la Madrid cerró un ciclo que comenzó en 1910, cuando la Revolución, habiendo derrocado a Porfirio Díaz, cambió de rumbo para promover el control del gobierno sobre los recursos naturales. Ese importante objetivo se logró con la Constitución de 1917, un documento fundacional que impuso las primeras restricciones a la inversión extranjera, y reclamó para el Estado mexicano la propiedad de los recursos naturales.
En mi ensayo reconocí que "más de 50 años de liderazgo político sin oposición" le habían otorgado a los gobiernos de la Revolución el derecho inalienable de conducir la economía conforme a la política en turno. Hoy la iniciativa de Reforma Energética de Enrique Peña Nieto va impulsada de la mano con Acción Nacional.
En cuanto al petróleo, mi texto de 1993 concluía que la expropiación petrolera, que provocó el surgimiento de un "nacionalismo revolucionario", le habían dado al gobierno de Estados Unidos una primera muestra de nuestra "Rectoría del Estado", hasta que Salinas rompió con ese soporte ideológico del PRI para lograr la aprobación del TLC. Veinte años después le abrimos el petróleo a las multinacionales extranjeras…
Describí el "nacionalismo revolucionario" del Presidente Cárdenas como una política que redujo la dependencia del exterior, consolidó la aspiración constitucional de darle al Estado un control efectivo sobre los recursos naturales; fortaleció nuestro liderazgo en América Latina y construyó una sólida base industrial.
Es preciso recordar que el TLC de Salinas estuvo destinado (como ahora el petróleo) a "restablecer el crecimiento económico", más que a buscar mayor control político y económico. Y aunque estos cambios drásticos de política económica nos habían dado fama de ser un país que se "reinventaba cada seis años", reconocí que después del TLC, y más ahora con la Reforma Energética, será muy difícil regresar al proteccionismo y a una economía centralizada. El tiempo lo dirá…
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(Analista político)
