Edgar Arias Tamayo nació en México. Llegó a Estados Unidos hace varios años y desde el 31 de enero de 1994 está encarcelado, acusado de asesinar a un policía de Houston. Hoy, está a unos días de ser ejecutado.
Amnistía Internacional lanzó en México una campaña para recolectar firmas, exigiendo al estado de Texas que no ejecute al connacional, como ya hizo con José Medellín en 2008 y Humberto Leal en 2011, a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que exige suspender 51 condenas de mexicanos a muerte.
Edgar Arias Tamayo y su familia esperan angustiados el 22 de enero, fecha fijada por el juez para la ejecución. Mientras tanto, Amnistía advierte que, en Texas, pertenecer a una minoría étnica implica más riesgo de ser condenado a muerte.
Además, Edgar fue sentenciado a muerte por el asesinato del policía Guy Gaddis, en Houston, pero no tuvo derecho a recibir asistencia consular, porque nunca se lo informaron y ésto pudo perjudicar su defensa.
Él es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, amparados por el llamado “Caso Avena”, donde la Corte Internacional de Justicia exigió a ese país, el 31 de marzo de 2004, que revisara y reexaminara los procesos.
De acuerdo con el organismo internacional de derechos humanos, Texas es uno de los estados donde más ejecuciones se llevan a cabo y donde pertenecer a una minoría étnica, como el caso de los mexicanos, puede implicar más riesgo de ser condenado a muerte.
Prueba de ello es que, desde el año 2000 a la fecha, bajo el mandato del gobernador Rick Perry, más de 250 personas han sido ejecutadas en Texas.
La Corte Internacional de Justicia determinó que en los casos de los mexicanos amparados bajo el “Fallo Avena”, se violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y ésto podría haber sido crucial para el juicio.
Como si todo esto no fuera suficiente, en 2008 un dictamen psicológico determinó que Edgar Arias Tamayo padece “discapacidad intelectual leve”, lo que hace de la ejecución un acto inconstitucional, hecho que no fue tomado en cuenta por los tribunales.
Ahora sólo queda la posibilidad de que el gobernador determine otorgarle clemencia al connacional.
