La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición contra el aumento del IVA en zonas fronterizas del país del 11 al 16 por ciento, aprobado por el Congreso de la Unión.
Debido al periodo vacacional decembrino, le tocó a la Comisión de Receso de la SCJN correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2013, recibir la controversia interpuesta por un grupo de 64 senadores de oposición.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 14, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 56 y 58 del Reglamento Interior de la SCJN, el ministro Fernando Franco, integrante de la Comisión de Receso, acordó admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad 40/2013.
Los senadores, que recurrieron a esta vía jurídica para combatir el aumento del IVA en la zona fronteriza, impugnaron el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley Federal de Derechos.
Asimismo, combaten en su recurso la expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.
La referencia a todas estas normas está relacionada en la acción de inconstitucionalidad con la eliminación de la tasa diferenciada aplicable en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en zonas fronterizas.
En caso de prosperar la acción intentada, las cosas en esta materia volverían al estado en que se encontraban, es decir la persistencia de tasas diferencias, con una tasa menor de IVA (11%) para las zonas fronterizas.
Como la comisión, no encontró motivo notorio y manifiesto de improcedencia y los senadores están legitimados para presentar este recurso constitucional, la Corte en su momento, habrá de debatirlo y resolverlo, una vez que reanude su trabajo normal en enero próximo.
Con esta, suman tres los recursos interpuestos contra la legislación aprobada por el Congreso, pues antes se presentó una acción de inconstitucionalidad signada por 44 senadores contra la contratación de deuda pública adicional para 2013 y 2014.
Mientras que la Cámara de Diputados interpuso otra controversia constitucional contra el Ejecutivo por permitir máquinas tragamonedas en el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos.
