De acuerdo con el primer corte financiero hecho por el actual gobierno municipal, a 60 días de haber cambiado la administración, la deuda total de Cancún asciende a mil 999 millones de pesos, fruto de créditos contraídos, refinanciamientos pasados, omisiones de pago a proveedores, retención de aportaciones, demandas laborales, entre otros conceptos.
El presupuesto de egresos del municipio más importante de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, es de dos mil 500 millones de pesos y su deuda alcanza hoy los casi dos mil millones de pesos.
En este primer corte de caja, presentado por el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, José de la Peña, acompañado por el síndico Andrés Brahams González, el contralor municipal, Alonso de Jesús Alonzo; el tesorero, Rafael Ponce Pacheco y la Oficial Mayor, Gabriela Rodríguez, se indicó que el adeudo público heredado por el anterior gobierno, encabezado por el entonces presidente municipal, Julián Ricalde, es apenas de 308 millones de pesos.
Sin embargo, a esa cifra se suman la deuda con proveedores (131 millones 170 mil 046 pesos); la deuda de largo plazo heredada por su antecesor, Gregorio Sánchez Martínez (mil 331 millones 572 mil 961 pesos); la deuda de corto plazo (600 millones de pesos), más cuotas no cubiertas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (20 millones) y al Infonavit (16 millones).
Además, la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 88 millones en 2012; finiquitos y liquidaciones (dos millones), demandas laborales en proceso (107 millones de pesos), así como el adeudo a tres empresas recolectoras de basura (63 millones), lo que hace un total de casi dos mil millones de pesos.
El encargado de la política interna comentó que el gobierno anterior, no ganó ninguna de las demandas laborales que enfrentó.
"El total de los adeudos es de 308 millones 429 mil 410 pesos, que sumado entre el pasivo que se tenía del pago a proveedores y el corto plazo, asciende a 667 millones 554 mil 620 pesos; esa es la deuda a corto plazo que se tiene.
"Sumándola a la de largo plazo, por el orden de mil 331 millones 572 mil 961 pesos, nos da un total de mil 999 millones 127 mil 581 pesos. Así es como recibimos esta administración, casi dos mil millones de pesos", expuso.
La actual administración encabezada por el edil Paul Carrillo encontró durante su análisis, desvíos de recursos del Ramo 33, por cinco millones 712 mil 510 pesos, utilizados para la compra de útiles escolares.
"Este dinero eran remanentes que se tenían en diferentes cuentas bancarias y que fue sustraído y desviado para comprar útiles escolares como parte del Programa de (entrega gratuita) útiles escolares en la administración anterior.
"Lo delicado es que los recursos federales están etiquetados y no pueden ser desviados bajo ningún concepto, para ningún tipo de actividad distinta para lo que fueron designados", expresó.
También se hallaron retenciones por 11 millones 800 mil pesos a empleados a los que se les descontaron aportaciones por concepto de préstamos, que no fueron enteradas a por lo menos cinco entidades financieras
Lo anterior podría representar para ex funcionarios de la anterior administración, demandas penales e inhabilitaciones para ejercer cargos en el servicio público, indicó De la Peña Ruiz Chávez.
En la mira, se encuentran 12 funcionarios de alto nivel, además de 32 directores de área, precisó el contralor municipal, quien recordó que ya se tiene abierta una investigación y hay un proceso abierto en contra del ex director de Alumbrado Público, por el quebranto a la comuna derivado de la venta de 10 a 12 mil lámparas, a precio de chatarra.
De la Peña abrió la presentación con la pérdida de 52 millones 429 mil 247 pesos provenientes del programa Hábitat y cinco millones de pesos del programa rescate de espacios públicos, que el anterior gobierno canceló mediante un oficio emitido por la Dirección de Planeación, tres días después de concluido el proceso electoral pasado. El dinero, dijo, puedo haberse ejercido de agosto a diciembre, pero se perdió.
El funcionario citó también las retenciones hechas a mil 500 empleados, para pago de préstamos, dinero que se les descontó vía nómina y no se entregó a las instituciones financieras. El daño asciende a los 11 millones 800 mil pesos.
"Se generó un daño a los trabajadores, pero también hubo demandas por parte de las financieras, en contra de los empleados, a quienes ya se les había descontado vía nómina, pero el ayuntamiento no había pagado a las empresas", detalló.
Otro recurso federal perdido corresponde al Fondo Metropolitano, por un monto de 25 millones de pesos. También se adquirió equipo eléctrico, como transformadores, cables, balastros, luminarias, por el orden de nueve millones 726 mil 627 pesos, de acuerdo con una factura.
"El material supuestamente entró al patrimonio municipal, pero que nunca ingresó o que se hace la simulación de que entra un día y ese mismo día sale del patrimonio; material en cantidades muy grandes, que difícilmente en el periodo tan corto se pudo haber colocado todo ese equipo eléctrico", señaló.
