Familiares de los dos estudiantes de Ayotzinapa asesinados el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol por la Policía Federal, acudirán a instancias internacionales para exigir justicia, pues ningún servidor público ha sido sancionado por la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En un comunicado, el organismo no gubernamental de Tlachinollan informó que a dos años del desalojo violento de los estudiantes de Ayotzinapa cometido por policías federales y la muerte de dos alumnos, estos hechos permanecen en la impunidad.
"Ante el descrédito de la justicia guerrerense, los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, como en muchos otros casos de impunidad, se ven orillados a elevar su reclamo ante instancias internacionales", indicó.
El 12 de diciembre de 2011, alrededor de 300 normalistas se manifestaron en la Autopista del Sol para exigir una audiencia con el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, pero fueron desalojado de manera violenta por al menos, según se acreditó en las investigaciones, 168 elementos de la Policía Federal, de la Policía Ministerial estatal y de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 91 portaban armas de fuego.
La investigación que realizó la CNDH comprobó que al menos 24 de estas armas fueron disparadas en los hechos, involucrando a todas las corporaciones policiales presentes; también se verificó que ningún manifestante acudió armado.
Como consecuencia de este operativo, fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
También fue privado de la vida el señor Gonzalo Rivas Cámara. Además, fueron detenidas arbitrariamente 24 personas, y un estudiante de 19 años fue violentamente torturado por la Policía Ministerial guerrerense para imputarle la portación de un arma de fuego.
Los familiares de los jóvenes estudiantes asesinados señalaron que a pesar de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos, no se impulsó ningún mecanismo extraordinario para asegurar el cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso.
Asimismo, Tlachinollan señala que no se han adoptado medidas que garanticen la no repetición de estos hechos.
"En Guerrero el delito de tortura aún no ha sido incluido en el Código Penal; la marginación estructural de las normas rurales no ha sido atendida; y la Procuraduría General de Justicia no ha sido renovada para que los elementos que emplean la tortura de manera sistemática sean removidos. Por el contrario, hoy la justicia guerrerense se encuentra sumida en una profunda crisis: en los últimos dos años, al menos 13 activistas y luchadores sociales han sido asesinados y/o desaparecidos, sin que la mayoría de estos casos se haya esclarecido o sancionado", señaló el organismo no gubernamental.
