El Senado inició el debate en lo general del dictamen de reforma energética, donde se tiene prevista la participación de 32 oradores de todas las bancadas, en una sesión que ya rebasa las siete horas y donde se han desechado los 11 votos en lo particular del PRD y PT, así como una moción suspensiva.
En esta histórica jornada, donde se prevé reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética después de más 70 años de vigencia y de la expropiación petrolera, se realiza en medio de protestas en los alrededores de la sede legislativa.
Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impugnó el dictamen que se presentó para el debate y votación, ya que argumentó que es “completamente diferente” al que se aprobó la víspera en las comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Sin embargo, la mayoría conformada por el PRI, PAN y PVEM, votó a favor del procedimiento y con ello desechó la impugnación perredista al dictamen donde se anexaron de último minuto temas como la salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El senador perredista Luis Sánchez Jiménez, en tribuna, advirtió que se impugnará ese procedimiento legislativo en otras instancias legales, ya que se presentó al pleno un dictamen que no fue el mismo que aprobaron en comisiones.
Un poco antes y a nombre de la Comisión de Energía, el priista Óscar Román Rosas González indicó que esa reforma tiene el propósito de recuperar para México una empresa pública, competitiva y productiva que garantice a su población seguridad y soberanía energética.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que postergar esa enmienda sería una omisión histórica y “retrasar la votación con el pretexto de la cautela es disfrazar una intención política y electoral, pues el verdadero riesgo radica en condenar a este país a la parálisis energética por temor al disenso”.
“La historia juzgará esta reforma como un punto de inflexión para la economía nacional y habrá de juzgarse como el instrumento que permitió romper los grilletes que impuso en nosotros la retórica fácil y el anacronismo”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia Guzmán, señaló que la reforma establece condiciones con las cuales México recibirá mayores utilidades por la extracción de sus recursos.
Ello, manteniendo la propiedad de éstos en favor del Estado y transformando las paraestatales en empresas públicas productivas, aseveró el senador del Partido Acción Nacional (PAN).
“Debe retrocederse la expropiación en cuanto sea necesario para crear un sistema técnico, eficaz, de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, y eso hace esta reforma”, afirmó.
Puntualizó que no se “acaba” con Pemex o la Comosión Federal de Electricidad (CFE), sino sólo se transforman en empresas públicas productivas, con esquemas orgánicos eficientes, que evitarán las “cargas excesivas laborales y fiscales” que no le han permitido alcanzar su potencial.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García destacó que la reforma es el resultado de una labor intensa para aprovechar de forma adecuada la riqueza petrolera y la transformación del sector energético.
El priista resaltó que en la norma constitucional se refrenda que es inalienable e imprescriptible el dominio de la Nación sobre el petróleo y todos los hidrocarburos y se reitera que en el caso de los que se encuentran en el subsuelo no se otorgarán concesiones.
A nombre del PRD, Mario Delgado Carrillo presentó una moción para suspender la discusión del dictamen en tanto no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del procedimiento para realizar una consulta popular en esta materia y que fue respaldada con las firmas de un millón 672 mil 242 personas.
“Y de ser el caso que se lleven a cabo todos los actos necesarios para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre un tema de trascendencia nacional” y a participar en la toma de decisiones fundamentales para el país, expresó.
Se trata, dijo, de un derecho humano, “cuyo ejercicio no puede estar sujeto a la arbitrariedad de las autoridades”; además, continuó, “no existe ningún argumento constitucional, político, económico o social para que no se realice la consulta” y, por el contrario, se dotaría a esta reforma del consenso y la legitimidad necesaria.
Al respaldar esta propuesta, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), señaló que la reforma tampoco se acompañó de la evaluación de impacto presupuestario y el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece dicha obligación.
Esto, expuso, “pereciera que es un pretexto para obstaculizar el trabajo del Senado de la República, pero es un mandato de Ley”, una obligación que incumplió el presidente, el Partido Acción Nacional y las comisiones que dictaminaron las iniciativas.
Posteriormente, se desahogó la presentación de 12 votos particulares contra el dictamen que presentaron el petista Manuel Bartlett Díaz, así como los perredistas Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández y Fernando Mayans Canabal.
También recurrieron a esa figura para manifestar su rechazo a la reforma los perredistas Armando Ríos Piter, Lorena Cuéllar Cisneros, Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya.
