La Cámara de Diputados de México aprobó hoy el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular, con el fin de regular la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de este instrumento, y promover la participación ciudadana en temas "de trascendencia nacional".
El documento, aprobado por 431 votos en favor, 36 en contra y una abstención, "se remitió al Senado para sus efectos constitucionales", señaló la Cámara en un comunicado.
Precisa que la consulta popular es un mecanismo para que los ciudadanos ejerzan su derecho, mediante el voto, a expresar su opinión sobre uno o varios temas.
El dictamen señala que podrán solicitar una consulta popular el presidente de la República, el equivalente al 33 % de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos 2 % de los electores.
Detalla que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Ejecutivo federal, "siempre que sean de trascendencia nacional".
"Se entiende por trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional, impacte en una parte significativa de la población, o proponga la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una parte significativa de los ciudadanos", dice el texto.
Se incluyen asimismo en esta definición iniciativas que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que repercutan en una parte significativa de la población, "y los temas que determine el Congreso".
Los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte.
El dictamen establece que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, no los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, relativos al carácter representativo, democrático, laico y federal de la República.
Tampoco lo serán la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.
Al fijar la posición de su bancada, la diputada Amalia García, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que "ante temas que dividen a la nación, la vía civil es idónea, porque permite la participación democrática directa ".
Por el legislador del conservador Partido Acción Nacional (PAN) José Arturo Salinas, con la nueva norma "verdaderamente este Congreso y los servidores públicos de México tendremos que escuchar a los ciudadanos".
A su vez, Leticia Mendoza, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la consulta popular es "un instrumento que permitirá legitimar las decisiones sobre la forma de conducir el destino de la nación gracias a la opinión informada de la sociedad sobre los asuntos que directamente le atañen".
También expresaron respaldo a la norma los legisladores de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista mexicano (PVEM).
En contra se pronunciaron diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano.
Al término de la discusión en lo general, fueron presentadas reservas a numerosos artículos de la ley por parte de distintos grupos parlamentarios, que fueron rechazadas por la mayoría de los legisladores.
