Senadores del PRD tomaron la tribuna del Senado para evitar la votación de la reforma energética en comisiones, lo que obligó a un receso de tres horas en el recinto. (EFE)
Con base en el dictamen que se discute en el Senado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que la reforma energética es buena para los próximos cinco años, pero “nos hubiera gustado un reforma para las próximas tres generaciones”.
En un reporte, consideró que el dictamen de reforma energética da luces sobre el arreglo institucional del sector energético y cumple con algunos de los puntos que el IMCO considera relevantes para la competitividad y el desarrollo de largo plazo del país.
Sin embargo, agregó, en este momento no contamos con todos los elementos para evaluar las ventajas y oportunidades del marco institucional propuesto, pues muchos de éstos se definirán en la legislación secundaria.
Es importante definir esta legislación en el plazo previsto en el dictamen con el fin de dar mayor certeza a la ciudadanía y a los potenciales inversionistas, subrayó la asociación civil en el análisis “10 certezas y varias dudas sobre el dictamen de reforma energética”.
Después de una primera lectura, cuestionó si el arreglo institucional propuesto es capaz de resistir cambios en la configuración política del país, que impliquen una lógica política diferente sobre el sector energético.
“Tenemos la impresión de que esta es una buena reforma para los próximos cinco años y nos hubiera gustado una reforma para las próximas tres generaciones”, añadió el organismo.
Apuntó que el dictamen esclarece muchos de los puntos que surgieron a partir de las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo federal, el PAN y el PRD, pero aún quedan ciertas dudas que desde la perspectiva del IMCO es importante aclarar.
Entre las certezas que hay en el dictamen de la reforma energética mencionó que la nación sigue siendo dueña de los hidrocarburos, y se contemplan cuatro diferentes formas de participación de la inversión privada en el sector: contratos de prestación de servicios, de producción compartida, de utilidad compartida y de licencias.
Además, el establecimiento del Fondo Mexicano del Petróleo constituye un gran avance para hacer que la renta petrolera rinda beneficios a las generaciones presentes y futuras.
Mencionó el hecho de que las empresas operadoras puedan reportar para efectos contables y financieros la asignación de contratos y sus beneficios esperados, lo cual está en línea con prácticas internacionales.
Calificó como favorable que se abra, sin restricciones, a la participación privada la generación y comercialización de energía eléctrica, así como la constitución del Centro Nacional de Control de Energía como un organismo independiente de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros puntos.
No obstante, precisó, también hay ciertas dudas que deben aclararse, como el énfasis que hace el dictamen en la maximización de la renta para determinar qué tipo de contrato utilizar.
“En este contexto, surge la preocupación de una posible acción de amparo a través de la cual un particular pueda alegar que en un contrato no se está cumpliendo el criterio constitucional de maximización de la renta”, añadió.
El IMCO refirió que la introducción del concepto de contratos de licencia genera dudas pues no es claro si se trata de licencias o de una forma de contratación distinta, y falta especificar el concepto de “transmisión onerosa” que se menciona como contraprestación de los contratos de licencia.
Con respecto al Fondo Mexicano del Petróleo, agregó, es importante conocer el orden de prelación para la asignación de recursos, lo cual es fundamental para que éste sea un instrumento que promueva la competitividad y el desarrollo de largo plazo del país.
Comentó que se propone que Pemex y CFE se transformen en “empresas productivas del Estado”, pero este concepto no existe actualmente en la Constitución, por lo que falta definir de qué se trata o ajustarlo a las categorías existentes.
Refirió que el documento plantea que no habrá concesiones en transmisión y distribución de hidrocarburos, pero se requiere de mayor detalle para analizar las implicaciones de esto sobre la comercialización de gasolinas; particularmente, sobre la posibilidad de que haya otras formas de comercializar combustibles diferentes a las franquicias de Pemex.
El organismo señaló que el dictamen es muy enfático en la protección de los derechos laborales de los trabajadores actuales de la industria energética, aunque no se especifican las condiciones del mercado laboral para la nueva industria petrolera y eléctrica.
En materia de electricidad, expuso que si bien el Estado se reserva el control del servicio público de energía eléctrica en transmisión y distribución, ello no es excluyente de que se celebren contratos con particulares para la prestación de este servicio, por lo que es relevante aclarar a qué tipo de contratos podrá recurrir la CFE con este fin.
