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Pide PRD a la SCJN suspender reforma energética

Los perredistas confían en que en uno de los pasos de dicho proceso, la Corte otorgue la suspensión, y que se remita a la realización de una consulta popular. (Twitter)

Los perredistas confían en que en uno de los pasos de dicho proceso, la Corte otorgue la suspensión, y que se remita a la realización de una consulta popular. (Twitter)

EL UNIVERSAL

La bancada del PRD reforzó su estrategia jurídica contra la reforma energética que será debatida y votada este día en el pleno del Senado.

Plantea el grupo de izquierda que, en efecto, se lleve cabo una consulta popular, para que los electores decidan si vale o no cambiar la Constitución en materia de energía.

La senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la bancada perredista, dijo que es derecho de los ciudadanos ser consultados sobre decisiones fundamentales, y la fuerza política que representa en la Cámara Alta dará todos los pasos necesarios para que por la vía de la ley se detenga la reforma energética.

En ese sentido, el senador Manuel Camacho Solís dio a conocer que legisladores del PRD iniciaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el temor de que una vez negada una solicitud de amparo, el tribunal de segunda instancia, también rechace la petición de que se atienda el derecho a ser consultado que tiene el ciudadano.

Suspender el proceso legislativo en relación con la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, es la resolución que espera Camacho, cuando en este día iniciará el debate en el pleno senatorial.

El proceso legislativo de una reforma constitucional comprende que una vez aprobada una reforma o ley en una de las cámaras, pasa a la colegisladora a revisión, y de esta a la aprobación de 17 congresos estatales, al menos. Posteriormente, pasa al Ejecutivo para su promulgación.

Los perredistas confían en que en uno de los pasos de dicho proceso, la Corte otorgue la suspensión, y que se remita a la realización de una consulta popular, con base en las firmas de 1.7 millones de ciudadanos con credencial del IFE.

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