El llamado “líder moral” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, afirmó ayer que, de aprobarse la reforma energética, tal como se dictamina en comisiones del Senado, significaría una regresión a la época del Porfiriato. Vayamos al punto.
Durante el Porfiriato, se había otorgado a las compañías extranjeras ilimitadas concesiones, que hicieron de las regiones petroleras estados dentro del Estado, en los que imperaba la ley de cada compañía.
Los sucesivos gobiernos revolucionarios, amparados en el artículo 27 de la Constitución de 1917, buscaron resolver esa situación, sometiendo a las compañías extranjeras a las leyes mexicanas. Las compañías, protegidas por sus gobiernos, especialmente por los de Estados Unidos y Gran Bretaña, entraron en conflicto con el gobierno de México.
Aquí recuperamos fragmentos de una investigación de Guadalupe Ríos de la Torre, doctora en Historia y Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco al respecto.
•En 1887 se inició en nuestro país la explotación para desarrollar la industria petrolera al conceder el gobierno de Porfirio Díaz a la Waters Pierce Oil los permisos necesarios para la explotación del subsuelo mexicano.
•El 24 de diciembre se expidiera la Ley de petróleo de 1901, en la que se hizo evidente la franca lucha entre los dos principios: el que le convenía al inglés y el que deseaba el norteamericano.
•Esta ley facultaba al gobierno para dar concesiones petroleras en los terrenos nacionales y en las zonas federales, como eran las de las costas, los ríos y las lagunas. “Las concesiones se otorgarían mediante ciertas obligaciones de inversión, estableciendo una renta de cinco centavos por hectárea y además la obligación de pagar el 7% de las utilidades, cuando las hubiera, al Gobierno Federal, y 3% a los gobiernos de los Estados, donde se encontraran las zonas federales concesionadas.
•Dicha ley reconocía el privilegio de los dueños de la propiedad privada para explotar el petróleo, confirmando el sistema de las Leyes Mineras vigentes entonces, pero sus los artículos 3° y 4° contienen una disposición en la cual se autoriza “la expropiación de terrenos particulares, para ejecutar obras de explotación petrolera”.
•Expresamente en un artículo transitorio se dejaban a salvo los derechos de las empresas que estuvieran trabajando para aquella fecha, pero se hablaba de que también podían acogerse a la ley si les convenía.
•En realidad, esta Ley podía fundar actos del gobierno según las circunstancias y distintos caminos, restituyendo en parte la posibilidad de explotaciones bajo el régimen de concesiones, y dejando ambiguamente a salvo los derechos de los propietarios.
•Posteriormente, en noviembre de 1909, la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos declaró “propiedad exclusiva del dueño del subsuelo los criaderos o depósitos de materia bituminosas”. dicha ley permaneció en vigor hasta 1926, cuando se reglamentó el Artículo 27° Constitucional.
•Durante el período de la lucha armada debido en parte a la situación de aislamiento de que gozaba la industria, y después del control que se otorgó a los superficiarios como dueños de los depósitos petroleros, se permitió que la actividad pasara por una época de estabilidad y bonanza.
•Sin embargo, a partir de esta etapa se trató de imponer varios impuestos que graven la producción petrolera, la cual prosperaba paulatinamente, para hacer frente a los constantes gastos militares.
•Durante el gobierno de Francisco I. Madero (1911-1913), se decretó un impuesto especial en junio de 1912 mediante la Ley del Timbre que indicaba un “gravamen sobre la exportación del petróleo de 20 centavos por tonelada, equivalente a 3 centavos por barril”.
