AGENCIAS
AYO AYO, BOLIVIA.- La “justicia comunitaria” de los indios aimaras de Bolivia se cobró ayer la vida del alcalde de la población de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, cuyo cuerpo se encontró calcinado en la plaza de su pueblo, como presunto castigo a su mala gestión municipal.
El cadáver de Altamirano fue encontrado por la policía calcinado al pie de un poste ennegrecido, en la plaza central de su pueblo, donde se presume que fue llevado tras ser torturado en su domicilio, que también fue incendiado ayer por la madrugada.
Ayo Ayo es una comunidad de la provincia Aroma, del departamento de La Paz, habitada por indios aimaras, ubicada a 87 kilómetros al sur de la ciudad sede del Gobierno boliviano, paso obligado en la carretera troncal hacia Oruro, en pleno altiplano.
El cuerpo de la víctima, de aproximadamente 55 años, fue levantado por agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y dos fiscales, al mediodía, que debieron abandonar el lugar hostigados por un centenar de pobladores que se mostraron airados ante la presencia de las autoridades.
Altamirano había sido secuestrado el lunes pasado por la tarde en la ciudad de La Paz por un grupo de desconocidos, según una denuncia presentada a las autoridades por sus familiares, que entonces dijeron temer por la vida del regidor, perteneciente a la populista Nueva Fuerza Republicana.
Los pobladores de Ayo Ayo, desde hace varios meses, habían vertido amenazas al Alcalde, al que culpan de presunta malversación y desvío de fondos del municipio, por lo que le exigían su dimisión.
Una turba enardecida golpeó con palos y piedras a Benjamín Altamirano, alcalde de
Ayo Ayo y, después de atarlo a un madero, le prendió fuego, de acuerdo con versiones de periodistas locales en ese poblado indígena, que este martes vive una espiral de violencia incontenible.
Según versiones de testigos, los secuestradores llevaron a su rehén hasta su casa y lo torturaron, antes de incendiar el lugar y de llevarlo hasta la plaza central, donde atado al poste de un mástil le prendieron fuego.
En un cuadro dantesco, el cadáver de Altamirano fue encontrado a media mañana aún amarrado a un poste de energía eléctrica “carbonizado” y un funcionario lo notificó a la Prefectura (Gobernación) del Departamento paceño.
Cuando los agentes de la Policía terminaban de levantar el cadáver, un centenar de pobladores se reunió para insultar a los extraños y prohibió a los periodistas que realizaran su tarea.
Los campesinos pasaron de los insultos a los hechos y empezaron a apedrear a policías, fiscales y periodistas, que debieron correr hacia sus vehículos para escapar de la agresión.
Un cámara del canal estatal de televisión, Juan Ugarte, recibió en la cabeza una pedrada de parte de los enardecidos habitantes de la comunidad y debió ser auxiliado por la decena de reporteros que acompañaron a los policías.
Desde el lunes, la Policía Técnica Judicial mantiene arrestado a Saturnino Apaza, concejal del municipio de Ayo Ayo, al que los familiares señalaron como uno de los autores intelectuales del secuestro y posterior crimen del primer edil.
El fiscal Fernando Cortez, el primero en conocer la denuncia del crimen del Alcalde, dijo que esperará a recibir el informe del forense para disponer otras medidas, debido a que el secuestro se convirtió en delito de homicidio.
Este es el segundo caso de muerte por aplicación de la “justicia comunitaria” en la región andina de Bolivia, tras la ejecución de dos personas acusadas de robo, en julio del año pasado, a quienes lincharon los habitantes de la comunidad de Calacoto, provincia de Los Andes, en el sur del lago Titicaca.
El comandante de la Policía de Bolivia, Jairo Sanabria, declaró que el asesinato en Ayo Ayo no quedará impune y aseguró que la Ley será repuesta en esa localidad.
Un linchamiento similar se perpetró el 26 de abril pasado en la población de Ilave, departamento peruano de Puno, vecino de Bolivia, donde una turba asesinó al alcalde Cirilo Robles, acusado de corrupción y malos manejos económicos.
